Publicado: 25 julio 2020 a las 1:00 pm
Categorías: Artículos
Por:Edgardo Zablotsky*
Han pasado más de cuatro meses desde el inicio de la cuarentena. Lo que en su comienzo fue una curiosa y extraña experiencia, se transformó en una costosa cotidianeidad de la cual, aparentemente, hemos comenzando el complicado camino de retorno hacia una, por así denominarlo, nueva normalidad. En educación el costo ha sido inmenso y toda la atención hoy está puesta en cuándo los chicos y adolescentes podrán retornar a sus escuelas y bajo qué protocolos hacerlo.
Ello ha hecho perder de vista un hecho de fondo: la crisis económica ha forzado a muchos padres a dejar de pagar sus cuotas en escuelas de gestión privada y, muy probablemente, deban emigrar a escuelas de gestión pública. Por cierto, un éxodo similar sucedió luego de la crisis de 2001, pero en esta ocasión el efecto será exponencial, dada la magnitud del evento que estamos viviendo.
Frente a esta realidad muchas escuelas privadas corren el riesgo de cerrar sus puertas. ¿Podrá el sistema público absorber a esta gran cantidad de potenciales alumnos o se preferirá generar un esquema de subsidios a los colegios de gestión privada para que puedan seguir operando, reduciendo de tal forma la emigración? Sin duda, esta disyuntiva está siendo analizada tanto por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como del resto de las regiones del país, donde las escuelas de gestión privada reciben un importante caudal de alumnos.
Esta nota propone otro curso de acción que evitaría el potencial colapso del sistema público, frente a la masiva inscripción de nuevos alumnos y no implicaría un subsidio a las escuelas de gestión privada, para permitirles bajar sus matrículas o becar un gran número de alumnos, sin que su factibilidad económica se vea afectada por ello.
Consiste en crear, por parte del Estado, una sencilla cuenta de ahorro para gastos educativos de aquellos alumnos afectados, una herramienta que les otorgaría a las familias que enfrentan hoy tiempos muy difíciles, absolutamente imprevisibles pocos meses atrás, la posibilidad de continuar decidiendo sobre la escolaridad de sus hijos. Esta cuenta sería administrada por los padres, de tal forma que sus hijos podrían seguir asistiendo a la escuela que la familia ha elegido en su momento y no a la que, por consecuencia directa de la crisis económica generada por la cuarentena, deberán concurrir.
La propuesta es presupuestariamente factible, al ser indistinguible de subsidiar a las escuelas de gestión privada que hoy ven en riesgo su misma existencia, pero marcaría un cambio de paradigma en la educación argentina pues serían los padres los que califiquen para el subsidio en virtud de la nueva situación económica que enfrentan y por el tiempo que la misma lo amerite, y no las escuelas, quienes reciban el apoyo del Estado.
La diferencia no es menor, familias destrozadas por un evento del cual, obviamente, nadie es culpable, sentirían el apoyo de un Estado presente en el momento que más lo requieren. ¿No es suficiente razón para evaluarlo? Yo creo que sí.
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