Ley General de Educación Superior ¿ya mero?

Por Roberto Rodríguez Gómez*

En 2016 un grupo de académicos especialistas en educación superior fue convocado por la Anuies para desarrollar una propuesta de ley de educación superior. El antecedente inmediato era el “Proyecto de Ley para la Coordinación, Evaluación y Financiamiento de la Educación Superior”, elaborado en la secretaría ejecutiva de la organización durante la gestión de Enrique Fernández Fasstnach al frente (2013 a 2014).

El interés de Anuies en promover una normativa general para el sistema de educación superior del país provenía de la patente obsolescencia de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 1978. De entonces al presente el sistema ha desarrollado intensas dinámicas de crecimiento, descentralización, y diversificación, así como cambios relevantes en los procesos y mecanismos de interacción con la autoridad educativa, en el contenido y orientación de las políticas públicas en la materia, y también en el plano de las formas de gobierno, gestión y administración de las instituciones.

La Asociación se había pronunciado al respecto en varias oportunidades, principalmente en los documentos de recomendaciones de política de educación superior desarrollados en el marco de las elecciones federales de 2000, 2006, 2012 y 2018. Por ello, como parte de su programa de trabajo, Fernández Fasstnach asumió el acuerdo de la organización de promover una iniciativa formal que pudiera transitar en las cámaras del poder legislativo en el marco de la reforma estructural educativa convenida por el “Pacto por México” (diciembre de 2012).

Varias razones explican por qué el proyecto de 2013 no prosperó. Una es que su contenido no consideraba la especificidad del subsistema tecnológico, en pleno desarrollo en aquel momento, y tampoco el correspondiente a la formación de docentes, que tras la descentralización de 1993 había modificado sus condiciones de operación y era, desde luego, un sector relevante en el sistema. Otra, que el proyecto se interpretaba más como una actualización de la Ley de Coordinación que como una norma innovadora, con la potencia suficiente para regular al sistema en su conjunto. Un tercer elemento, quizás el definitivo, proviene de la coyuntura de finales del 2014, en particular el conflicto estudiantil del Politécnico Nacional que, entre otros aspectos, implicó que el titular de Anuies fuera designado nuevo director del IPN y en la asociación procediera la renovación de la dirigencia. Después de un breve periodo de transición, en enero de 2015 fue designado secretario general ejecutivo el economista, ex rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda. 

Valls retomó el proyecto sobre nuevas bases y un marco político diferente. El entonces senador Juan Carlos Romero Hicks quien, entre otros cargos, fue rector de la Universidad de Guanajuato y director general del Conacyt, en su calidad de presidente de la Comisión de Educación del Senado se comprometió con Anuies a apoyar la opción de una iniciativa bajo la forma de ley general de educación superior. Fue ese el marco en que, por intermedio del grupo de especialistas, la asociación articuló una nueva propuesta, que sería aprobada por sus órganos colegiados en 2017 y publicada a principios de 2018. Quizás demasiado tarde para su procesamiento legislativo, porque ese año, último de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto y de las legislaturas federales correspondientes, resultaba poco propicio para impulsar un proyecto de esa naturaleza, que requería alcanzar consensos en el nivel de las autoridades educativas, las instituciones de educación superior, así como las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso. Imposible por los tiempos.

Daba entonces la impresión de que la oportunidad de generar un marco legal renovado para la educación superior se había agotado. Pero no ocurrió de esa manera. Se recordará que la primera reforma legal relevante del nuevo régimen fue, precisamente, la correspondiente a la educación. La idea original del ejecutivo era la de sepultar la reforma educativa impulsada en el sexenio previo a través de la derogación o abrogación de la trama legal que la soportaba. Ello habría de ocurrir, pero la oportunidad de impulsar mejoras al contenido del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre los que destaca, entre otros elementos, el mandato de emitir una ley general de educación superior y una ley general de ciencia, tecnología e innovación, mandato establecido, en el régimen transitorio de la reforma, para el año 2020. 

La reforma constitucional fue aprobada, como se recordará, el 15 de mayo de 2019. A partir de ese momento se abrió una nueva ventana de oportunidad para la renovación normativa. El saque inicial correspondía a la SEP, quien dejó en manos de la subsecretaría de educación superior la articulación del proyecto correspondiente. Tomando como base el propuesto por Anuies en 2018, con apoyo de especialistas de la UNAM, el grupo de trabajo de la subsecretaría consiguió diseñar un nuevo anteproyecto (finalizado en octubre de 2019), así como circularlo, discutirlo y recoger propuestas en 32 foros estatales organizados a finales de ese año.

 Al término de ese proceso de integración, la trayectoria del proyecto tomó un nuevo derrotero. Se acordó, entre la SEP y las fracciones del Congreso, la apertura de una mesa de trabajo conducente a la elaboración final de un anteproyecto que tomara como insumo relevante, aunque no necesariamente como base, lo producido en la fase previa. Todavía se está en esa etapa que ha consumido los meses de este año cocinando, a fuego lento, lo que deberá ser la iniciativa formal para el debate parlamentario sobre la Ley General de Educación Superior. Es aparentemente la recta final del proceso, pero quedan cuestiones cruciales para su solución: ¿será una iniciativa del ejecutivo o bien una propuesta de varios partidos e incluso de todos?, ¿cuál será la cámara de origen para el trámite legislativo correspondiente?, ¿cómo será la estructura, orientación y contenido del anteproyecto?, ¿cuáles las modificaciones en su dictamen? Todo ello deberá saberse muy pronto y aquí lo comentaremos. 

*UNAM. Instituto de Investigaciones Sociales 

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