El mito de la movilidad social en el crimen organizado

Por Pedro Iniesta

La guerra contra el narcotráfico y el discurso que la sostiene han sido mecanismos muy eficientes para regular los mercados ilegales desde el Estado, pero dejando las ganancias para los elementos más poderosos de la cadena criminal: los funcionarios públicos involucrados.

A finales de 2018, visitaba la playa de San Francisco ( mejor conocida como San Pancho) en la riviera de Nayarit. Como en cada lugar al que voy desde hace algunos años, intenté ubicar a las personas que distribuían mariguana. Hablé con unos chicos que fumaban en la playa, luego llegué con alguna comerciante de pipas y de papeles para forjar y, finalmente, di con “el punto”, el cual tenía dos ubicaciones, una durante el día, otra durante la noche. Nada difícil de ubicar y a la vista de la gran mayoría de la población.

Me arrimé al de la noche. La venta era simple: vendían paquetitos de 60 pesos con la única mota que tenían; “panteonera” o panteon-kush, le llaman. Aproximadamente, cada paquetito tenía unos 10 o 15 gramos.

Mientras me encontraba formado –porque clientela, había–, llegó una motoneta con dos sujetos que traían una bolsa. Se la entregaron al dealer y contaron: 20 paquetitos de mota. A cambio, los de la motoneta recibían del dealer 1,200 pesos. Así, sin mucho glamour, se puede comenzar a tejer la compleja trama que sostiene al narcotráfico en nuestro país. En la escala más baja, siempre los dealers, narcomenudistas, los sujetos más visibles para la población. Esos cuyas muertes se cuentan por decenas -en ocasiones, centenas- todas las semanas y que están a la vista de todos. ¿La razón? La guerra por “las plazas”, suelen decir los medios de comunicación con información que reciben de las corporaciones de seguridad.

Pero este escenario es apenas el principio. Si los dealers en San Pancho recibían 20 paquetes de 60 pesos cada uno y devolvían 1,200 pesos por ello, quiere decir que nada se quedaba en sus manos. Ellos tienen un sueldo y nada más. Son peones desechables para una gran industria cuya cara se difumina cada vez más ante nuestros ojos.

¿Por qué algo tan simple y a la vista de todos se convierte en algo tan clandestino en los discursos de nuestras autoridades?

La opacidad en la información acerca de los negocios clandestinos, aunado a la costumbre muy redituable de los medios de comunicación por “buscar la nota”, han facilitado la repetición incansable de relatos y mitologías sobre individuos que, a pesar de provenir de los estratos más bajos de la población, han logrado construir negocios con ganancias exorbitantes, “imperios,” como tanto gustan llamarle los “especialistas” en seguridad. A diario, llueven historias sobre “los chapos”, “los marros”, “los mayos”… gente que, aún contando con nada, su astucia, tenacidad y capacidad para ejercer la violencia les han permitido llegar muy lejos, así sea en el mundo criminal. “El que quiere, puede”, la frase favorita de la narrativa meritocrática, se reproduce también en el imaginario sobre el gremio del narcotráfico. Incluso, para algunos, se han construido “feudos” o “territorios” que permanecen bajo el supuesto control de estos presuntos criminales mientras tengan la capacidad armamentística de lograrlo, y elaboran una geografía del crimen que coincide muy bien con la división política del país.1

Para este discurso, el crimen organizado es el espacio por excelencia en donde los pobres podemos acceder a una vida distinta, aunque sea cometiendo ilícitos. No obstante, es posible que esta narrativa oficial sobre el crimen organizado, reproducida hasta el cansancio por los medios de comunicación masiva desde hace muchos años, sea en realidad el lado B del discurso neoliberal de movilidad social y la meritocracia. Al respecto, una investigación publicada el año pasado por Carlos Barba y Enrique Valencia ha señalado ya lo mucho que la pobreza se relaciona con el crimen organizado en el imaginario representado por la prensa mexicana. Según estos autores, de manera general, la narrativa sobre la pobreza difundida por la prensa “atribuye una agencia negativa (a los pobres), amenazadora para el nosotros en la medida en que pueden ser activados por el crimen organizado”.

Aunque los medios son los que más han reproducido esta narrativa, lo cierto es que ha sido construida con información en su mayoría proveniente de autoridades en funciones y resulta bastante interesante que casi siempre dejan libres de responsabilidades a quienes, hasta ahora, se han beneficiado más de los llamados “imperios” del crimen; me refiero a la élite que ha controlado a las corporaciones que se dedican formalmente a combatir los ilícitos y que tiene la capacidad de extorsionar a los grupos criminales.

Pensemos por un momento en el gobierno de Felipe Calderón. Ante la evidencia reciente que ha surgido sobre su administración, es muy difícil no considerar, al menos, que el expresidente se beneficiaba directamente de los negocios ilegales que su supuesta “guerra” combatía. Comienza a revelarse el esquema de extorsión criminal que representó su estrategia en contra del crimen organizado, revelación que inicia con la carta enviada por Edgar Valdez Villarreal “La Barbie” a Anabel Hernández tras su detención en agosto de 2011. En esta misiva, el presunto operador de la organización Beltrán Leyva e informante de la DEA señalaba que funcionarios públicos de seguridad de alto rango habían intentado llegar a un acuerdo con las principales organizaciones criminales del país a cambio de una gran cantidad de recursos.2

Queda pendiente entender la relación orgánica que existe entre el Estado mexicano y el crimen organizado, la cual parte menos de “la corrupción” de las autoridades que de estrategias gubernamentales que de antemano estigmatizan la pobreza y liberan de responsabilidad a las élites. Ya habrá tiempo de analizar este fenómeno. Baste por ahora recordar cómo es que parte de esa élite de las corporaciones de seguridad obtenía mayor poder, control de recursos estatales y legitimidad en función de lo peligrosos que lucían ante nuestros ojos los “grupos criminales”. Ante ello, enfocaron sus estrategias en “descabezar” a estos presuntos grupos criminales y mostrar más presencia física a través del despliegue de las corporaciones federales de seguridad por todo el territorio.3 Un juego por demás perverso.

La guerra contra el narcotráfico y el discurso que la sostiene han sido mecanismos muy eficientes para regular los mercados ilegales desde el Estado, pero dejando las ganancias para los elementos más poderosos de la cadena criminal, y estos elementos no son los narcotraficantes perseguidos hasta el cansancio, sino los distintos funcionarios públicos participantes de esta guerra, quienes han tenido en sus manos no sólo la capacidad armamentística del Estado, sino la potestad de la violencia simbólica que implica señalar quién es un criminal y quién no lo es.

El escenario nacional construido en gran parte por esta élite de seguridad vuelve imposible que hoy un traficante común se convierta en el líder de un imperio. Antes de ello, lo que le espera es la sobreexplotación, la violencia armada e, incluso, el trabajo forzado, que en gran parte han sido fomentadas por las prácticas institucionales durante esta guerra. Aún no comprendemos la manera en la que la violencia del crimen organizado se ha perpetuado a pesar de que sea la élite política y de seguridad la que más se beneficiado de ella, lo cual está íntimamente relacionado con los cambios en la estructura del Estado mexicano que han tenido lugar desde los años ochenta hasta la actualidad. Estos cambios surgen precisamente en el contexto del combate al “narcotráfico” y han permitido que la infraestructura construida bajo esta guerra se encuentre distribuida en muchas manos, algunas de las cuales mantienen sus propias disputas invisibilizadas por la misma guerra.

Lamentablemente, el grupo representado por Calderón y sus cercanos es sólo una pequeña parte del rompecabezas para entender cómo se ha generado esa infraestructura que trata como desechables a los pobres, mientras que “la delincuencia de cuello blanco” ha permanecido impune hasta este sexenio. El escenario resulta mucho más complejo considerando las corporaciones de los tres órdenes de gobierno y los batallones y unidades de las Fuerzas Armadas de México que se han utilizado en esta guerra, en cuya operación se han construido muchos incentivos perversos que facilitan su corrupción (como la secrecía con la que manejan la información relativa a su funcionamiento y el poder y recursos que han adquirido durante esta “guerra”). Asimismo, también será necesario entender el papel que los nuevos actores políticos están teniendo en el contexto de la 4T y cómo el discurso de “justicia social” implementado durante este gobierno impactará la relación discursiva que existe entre la pobreza y el crimen organizado.

@GatitosvsDesig

 

1 Al respecto, la nota más reciente de Elena Reina en el diario El País resulta ejemplificadora, la cual se titula “El imperio criminal del señor de los gallos”, como se le conoce a Nemesio Ortega o “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación,, revisada el 9 de agosto de 2020.

2 Véase “Carta íntegra de Edgar Valdez Villarreal, ‘La Barbie’”, en SDP Noticias, 28 de noviembre de 2012.

3 Además del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fuera “pieza clave” de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, habría que nombrar a Luis Cárdenas Palomino, quien fuera nombrado coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal en 2008 y titular de División de Seguridad Regional en esa misma institución en febrero del 2010, y Ramón Eduardo Pequeño García, quien se encontraba al frente del monitoreo de las cámaras de seguridad de los Centros Penitenciarios de Máxima Seguridad a Plataforma México cuando Joaquín “el Chapo” Guzmán escapara del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, ambos acusados hoy en las cortes norteamericanas por su colusión con el Cártel de Sinaloa. Ver Gándara, Sugeyry Romina, “Presos, muertos y acusados de narcos formalmente por EU. Son los hombres de seguridad de FCH”, en Sin Embargo, 1 de agosto de 2020, visto el 8 de agosto de 2020.

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Docente - Investigadora Educativa.
Venezolana.
Doctora en Cs. de la Educación, Magíster en Desarrollo Curricular y Licenciada en Relaciones Industriales.

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