Falta de tecnología y conexión

La suspensión de clases presenciales decretada en marzo de 2020 para mitigar la COVID-19 ha afectado a más de 10 millones de niños y adolescentes en Colombia. Aunque el Ministerio de Educación Nacional está tratando de poner en marcha el modelo de alternancia cuanto antes, todo indica que los colegios públicos no retomarán las clases presenciales en el corto plazo.

La virtualidad aumenta el riesgo de que los estudiantes interrumpan su trayectoria educativa de forma temporal o definitiva y dificulta el logro de sus metas de aprendizaje. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), los niños que no van a la escuela aprenden menos porque la falta de tecnología y conexión a internet dificulta la educación remota.

En ese orden de ideas, los departamentos del Caribe colombiano están en problemas porque presentan un atraso considerable en el ámbito tecnológico y de conexión. Para entender la magnitud de los retos que enfrenta esta región, debemos considerar el panorama que tenía antes de la emergencia.

Las brechas antes de la pandemia

Los departamentos del Caribe venían mejorando de forma notable en el acceso y permanencia en el sistema educativo. En 2019, la tasa de matrícula en la región fue superior al 95% (la de Colombia fue de 92%), y la tasa de deserción no llegó al 3% (la de Colombia fue del 3,5%). Sin embargo, al observar las Pruebas Saber 11 es evidente que los resultados de las escuelas oficiales y privadas de la región han desmejorado.

Entre 2016 y 2019, el puntaje global promedio en esta prueba —siendo 0 el puntaje más bajo y 500 el más alto— disminuyó 12 puntos en las escuelas del sector oficial y 10 puntos en las del sector privado. Las escuelas públicas del Caribe obtuvieron 227 puntos en promedio, el puntaje más bajo entre las regiones más pobladas del país (Oriental, Central, Pacífica y Bogotá), y los colegios públicos obtuvieron 257 puntos en promedio, superando únicamente a la región Pacífica que alcanzó una puntuación media de 229.

Es importante señalar que los resultados de estas pruebas revelan la persistencia de grandes brechas de aprendizaje en la población caribeña, pues el puntaje de las escuelas oficiales es en promedio 28 puntos más bajo que el de los colegios privados. Así mismo, el puntaje global de los establecimientos urbanos es en promedio 24 puntos más alto que el de las escuelas rurales. Esta diferencia aumentó considerablemente entre 2016 y 2019, pues pasó de 20 a 26 puntos.

Durante la pandemia, el Caribe le ha apostado a un modelo educativo flexible que se vale de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para facilitar el diálogo entre docentes y estudiantes. El problema radica en que el éxito de este modelo depende del nivel socioeconómico de los estudiantes y de los recursos tecnológicos y pedagógicos de la escuela.

Las brechas durante la pandemia

Además de los notables déficits de la infraestructura escolar, solo un 22% de los estudiantes de colegios públicos y un 56% de los colegios privados de la región tienen acceso a un computador con internet. En las zonas rurales, esta cifra no supera el 7%.

El Caribe es la región de mayor población en el país que cuenta con menor conexión a internet. Esta situación ha hecho que los estudiantes más vulnerables se queden por fuera del sistema educativo, y no puedan avanzar en su proceso educativo.

La falta de mecanismos de seguimiento, evaluación y retroalimentación de su proceso educativo harán más difícil que los estudiantes con mayores desventajas socioeconómicas alcancen los resultados educativos esperados. En contraste, los estudiantes que tienen condiciones socioeconómicas favorables seguirán aprendiendo y desarrollando sus capacidades.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco, por sus siglas en inglés) asegura que si no se reestablecen las clases presenciales ni se garantiza el acceso a los recursos tecnológicos necesarios, las pérdidas en materia de aprendizaje serán aún mayores y las brechas seguirán aumentando.

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¿Qué podemos hacer?

Además de garantizar que el sistema educativo siga funcionando durante la crisis, la región Caribe deberá esforzarse por minimizar los efectos negativos en las poblaciones menos favorecidas, es decir, aquellas que viven en zonas rurales, tienen necesidades educativas especiales, fueron víctimas del conflicto armado, son migrantes o pertenecen a una comunidad étnica.

Poner en marcha el modelo de alternancia implica analizar la infraestructura de todos los establecimientos para determinar si es posible garantizar las condiciones de bioseguridad necesarias en cada uno de ellos. Para lograr ese fin, es necesario realizar un censo de infraestructura lo antes posible. De forma simultánea, es indispensable garantizar que más profesores y estudiantes tengan acceso a internet, pues muchas actividades escolares se deberán llevarse a cabo de forma virtual así haya clases presenciales.

Por otro lado, es importante reconocer el protagonismo que han cobrado las familias en el proceso de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. Sin duda, su labor es fundamental para el fortalecimiento de valores y el desarrollo de la inteligencia emocional de nuestros jóvenes. Igualmente, es importante planificar estrategias de refuerzo académico o modelos educativos flexibles para los estudiantes que se vean más afectados por la crisis.

A pesar de todo, esta emergencia es una oportunidad para mejorar la infraestructura y la dotación de las escuelas del Caribe, haciendo uso de los recursos públicos y privados. Así mismo, es una oportunidad para reconocer la importancia de la labor de los docentes del Caribe brindándoles más oportunidades de formación. Finalmente, es momento de diseñar políticas territoriales orientadas a evaluar, ajustar y fortalecer los currículos de las instituciones educativas.