Publicado: 20 noviembre 2020 a las 4:00 pm
Categorías: Artículos
Por Madeleine Zúñiga C.
Han pasado 30 años de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, CDN, y, sin embargo, no hay país en el mundo donde pueda afirmarse que se ejercen todos los derechos de la niñez y adolescencia.
La CDN reconoce a todos los niños y niñas como ciudadanos desde su nacimiento, sujetos de derechos cuyo ejercicio garantiza su desarrollo integral y una vida digna: el derecho a la identidad, la salud, la libertad de expresión, la participación, la educación, la información, la protección, etc. El principio clave en la Convención es el del interés superior del niño, que debe regir toda acción y proceso que afecte su vida y tenga como fin último su óptimo bienestar.
En la crianza y desarrollo del niño y niña, la familia tiene obligaciones pero también las tiene el Estado –como garante de derechos- cuando por condiciones materiales o de otra índole, ellos no pueden asumir parcial o totalmente la responsabilidad del desarrollo integral de sus hijos. Este incluye el desarrollo biológico, fisiológico, cognitivo y socioemocional, cimientos que sostendrán su desarrollo a lo largo de la vida. Ello significa que las políticas para la atención y educación de la primera infancia, AEPI, además de tener un enfoque integral, multisectorial, deben ser implementadas en coordinación con la familia y también con la comunidad.
La educación es un derecho humano fundamental, instrumento clave para el ejercicio de los demás derechos y debe ejercerse desde la primera infancia, niños y niñas de cero hasta los 8 años de edad.[1]Para los primeros treinta y seis meses de vida no puede ser pensada en términos de escolaridad, que es a lo que se asocia la mención a “educación”. Los aprendizajes se producen en la interacción con sus pares y entorno familiar; el juego y actividades artísticas destacan como motores de desarrollo cognitivo. Las políticas educativas suelen diseñarse para niñas y niños mayores de tres años que asisten a la educación inicial y los primeros años primaria. Los Estados no siempre asumen plenamente su responsabilidad de garantes de derechos para los menores de tres años, como salud, educación, protección, recreación. Su desarrollo queda librado a las oportunidades que pueda ofrecerle su entorno familiar y social, según su condición económica y características socioculturales de crianza.
De otro lado, la educación inicialno ha dejado de ser considerada como una etapa de aprestamiento para un buen desempeño en primaria y secundaria. Si bien eso es cierto, el desarrollo integral de niñas y niños entre 3 y 5 años es vital y debe ser considerado un fin en sí mismo, por derecho.
En la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, el derecho a la educación se plasma en el ODS 4 y tiene un enunciado muy potente: “Al 2030, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas
La Meta 4.2 se refiere a la educación inicial como etapa pre-escolar ya mencionada y superada:“Al 2030, asegurar que todos los niños y niñas participan en la educación, cuidado y desarrollo tempranos con al menos un año de educación pre-escolar gratuita, de modo que puedan prepararse para la educación primaria.”
El logro de la inclusión en los ODSdebe ser entendido como “nadie queda atrás” las medidas para la inclusión deben beneficiar a todas las personas, sin excluir a nadie. Implica considerar a todos los seres humanos sea cual fuere su edad, sexo, género, lugar de residencia, condición económica, lengua, cultura, credo, color, discapacidad y cualquier otro rasgo o condición como el de migrante o exiliado, privado de su libertad. Los 17 ODS de la Agenda 2030 son herramientas para hacer realidad la universalidad de los derechos humanos, su interdependencia e indivisibilidad.
El compromiso con la primera infancia es asumido y reiterado por todos los países de la región latinoamericana y caribeña, como se lee en la Declaración de Buenos Aires de enero del 2017 en la que los Ministros de Educación declaran:
Reafirmamos el compromiso de continuar avanzando en la expansión de los programas de atención y educación de la primera infancia, priorizando aquellos grupos marginados y/o excluidos, a partir de una oferta de calidad que promueva el desarrollo integral de niños y niñas con la participación activa de las familias y comunidades y que se encuentre articulada interinstitucional e intersectorialmente, asegurando así el éxito escolar en los ciclos sucesivos. (CLADE 2018: 53)
Desigualdades y pandemia
Las grandes desigualdades fuertemente enraizadas en nuestra región torna difícil la tarea y las deudas pendientes con los grupos marginados parecen ser permanentes. La fuente de la desigualdad es la diversidad multidimensional presente en cualquier comunidad, sea local, nacional, regional o mundial, muchas veces amparada en políticas neoliberales extremas que violan u obstaculizan el ejercicio universal de los derechos humanos.
La repentina aparición y expansión del COVID-19 a nivel global y las medidas para evitar los contagios han profundizado las desigualdades, a la vez que se incrementa lademanda del rol de garante de derechos a los Estados, la emisión de políticas públicas que conduzcan a intervenciones inter y multisectoriales y se rijan por el principio de interseccionalidad para avanzar en inclusión y equidad. La pobreza es la característica que más pesa como factor de desigualdad y afecta especialmente a la primera infancia, pero debe considerarse en relación a otros rasgos de la población que vive en condición de pobreza o pobreza extrema, como el área urbana o rural de residencia, el género, la pertenencia a una comunidad indígena o a un grupo étnico, alguna discapacidad física o mental.
La prevención y miedo al contagio obligó el cierre de las instituciones educativas públicas y privadas, desde las cunashasta la educación superior. Los menores de tres años solo reciben los estímulos, atención, cuidados y protección que sus familiares les pueden brindar y ello depende de las condiciones económicas, sociales, culturales y educativas de los jóvenes y adultos que los tienen a su cargo.
El cierre de las escuelas significó no acceder a los servicios de salud y alimentación que se ofrecían allí a los sectores más vulnerables y las consecuencias comienzan a conocerse: más anemia y desnutrición, más enfermedades infecciosas sin tratamiento, suspendidas las campañas de vacunación. En un inicio, el contagio por COVID-19 parecía no afectar a los menores, pero ya hay evidencias de su contagio y fallecimiento, en mayor porcentaje entre los menores de 5 años[2].
Al debilitamiento físico, se suma el resquebrajamiento socioemocional en hogares con hacinamiento en los que la falta de ingresos, el duelo, los contagios en el entorno provoca tristeza, angustia, tensiones que desencadenan violencia hacia niñas, niños y mujeres, incluyendo la violencia sexual, todo lo cual va a afectar profundamente el desarrollo afectivo de los infantes.
La educación a distancia para la educación inicial y los primeros grados de primaria tiene grandes limitaciones no solo por la falta de conectividad o electricidad en zonas rurales o urbanas, sino también porque los procesos de aprendizaje en la primera infancia requieren de la relación personal y afectiva con sus educadores, docentes o promotores, una mediación que las familias con índices de analfabetismo o baja esscolaridad y necesidad de ausentarse para trabajar, no pueden asumir. Esto es evidente en las madres adolescentes con escasa escolaridad, pero también puede ser el caso de las abuelas u otro adulto mayor que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela. Estas situaciones nos llevan a considerar la estrecha relación entre las metas 4.2 (primera infancia), 4.5 (inclusión), 4.6 (educación de jóvenes y adultos) y 4.7 (los sentidos de la educación) del ODS 4, con prioridad para los sectores más vulnerables y marginados.
Concordamos con el Posicionamiento de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe ante la Agenda 2030 y su implementación en el marco del COVID-19 emitido en mayo de este año, que señala:
Nunca fue tan importante contar con respuestas integrales y coordinadas, que refuercen el anclaje territorial de las políticas para ampliar su cobertura, pertinencia y efectividad, al tiempo que den respuesta a las múltiples necesidades y demandas de todas las personas, en toda su diversidad y en todas las etapas de su ciclo vital.
Mucho para pensar y poner en acción políticas de inclusión y equidad ya existentes, que están conllevando a su revisión y a la necesidad de diseñar modelos de desarrollo centrados en la dignidad de las personas. El mundo del que formamos parte requiere un nuevo Pacto social en el que la educación de calidad, respondiendo significativamente y con sentido a la gran diversidad de seres humanos y sus realidades,probará ser su mejor herramienta. Comencemos por dar prioridad a la primera infancia en el ciclo vital, con especial atención a los más vulnerables y marginados. Evitar la “catástrofe generacional” a la que se ha referido el Secretario General de las Naciones Unidas, empieza por atender los primeros años de vida de la generación COVID-19[3] y contribuir a que sea la generación Esperanza. Un mundo mejor es posible si se funda en la solidaridad y persigue con tesón el bienestar y felicidad para todas y todos.
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