Publicado: 5 diciembre 2020 a las 4:00 pm
Categorías: Artículos
La ley Celaá ha cambiado radicalmente la situación de los centros que segregan a los niños por sexo. La nueva norma, que ya ha sido aprobada por el Congreso y está en trámite en el Senado, establece que los llamados centros diferenciados no podrán recibir financiación pública. La ley aún en vigor, elaborada por el PP, contempla lo contrario: que el hecho de separar por sexos no puede entrañar en sí mismo una pérdida del concierto. El asunto acabará, según ha anunciado la oposición, en el Constitucional.
Hace dos años el tribunal dictaminó que la segregación por sexo no es inconstitucional (en respuesta a un recurso de los socialistas), pero la sentencia fue más lejos y apuntó que dicha separación tampoco podría justificar la exclusión del concierto. Los expertos consideran que si se mantiene tal doctrina es posible que el veto previsto en la ley Celaá se declare inconstitucional, pero añaden que el pronóstico no es seguro. Y que la decisión se verá influida por la composición que en el momento de abordar los recursos tenga el tribunal (pendiente de una renovación parcial), que en 2018 se mostró dividido en este aspecto. Y de cómo justifique el Gobierno que los colegios que segregan por sexo resultan menos eficaces que los mixtos a la hora de promover la igualdad entre hombres y mujeres.
El Constitucional sentencia que la educación segregada por sexos “no causa discriminación”
Los centros concertados diferenciados, en torno a 80, la mayoría vinculados a la Iglesia católica, siguen el proceso con preocupación. El cambio desplegará sus efectos a medida que venzan los conciertos que ahora están en vigor —su duración la determinan las autonomías partiendo de un mínimo de seis años en primaria y cuatro en el resto de etapas—. Pero como el Constitucional tarda unos dos o tres años en resolver los recursos, incluso si el tribunal decide que deben recibir la subvención, parte de ellos se verán temporalmente privados del concierto, ya que la ley no puede ser suspendida de forma cautelar. Y Alfonso Aguiló, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la patronal a la que están afiliados varios de estos centros, cree que quedarse sin la financiación pública puede causarles un “daño irreparable”.
“La sentencia de 2018 del Tribunal Constitucional fue militante en la defensa de la segregación y contó con varios votos particulares. Construyó una especie de derecho al concierto que es anómalo respecto a la jurisprudencia constitucional previa”, afirma Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Santiago. “Con base a esa nueva jurisprudencia es posible que se declare inconstitucional la regulación de los centros segregados. Pero influirá la composición que tenga en ese momento el Constitucional”.
El fallo de 2018 avaló por ocho votos contra cuatro que la separación de los niños era constitucional. Pero en la parte más polémica —la que añadió que estos colegios “podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos”, “sin que el carácter del centro como centro de educación diferenciada pueda alzarse en obstáculo para dicho acceso”—, tal mayoría perdió un voto. La vicepresidenta Encarnación Roca emitió un voto particular para desmarcarse del planteamiento, y el tribunal se dividió al respecto en siete magistrados frente a cinco.
Lo más probable, cree José María Rodríguez, que fue letrado del Constitucional y es profesor de Derecho Administrativo en la Complutense, es que pese a ello el veto sea declarado inconstitucional. “Pero no puedo estar seguro al 100% porque sé cómo funcionan las cosas en el tribunal. Esto no son matemáticas. Y porque no es lo mismo decir que no es inconstitucional financiar los colegios de enseñanza separada que decir que no financiarlos es inconstitucional”.
Evidencias científicas
Una de las claves será, según los expertos, cómo justifiquen la ley y el Gobierno el trato diferente a estos centros en materia de financiación. “Y no expresando una opinión política, sino dando razones con evidencia científica de que la educación mixta pone unos medios en favor de la educación en igualdad a priori más adecuados que la diferenciada. Ahora mismo esa explicación no está en la ley, y por eso creo que las posibilidades de que sea declarado inconstitucional están al 50%”, añade Benito Aláez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.
La enfermera del colegio Aldapeta María, en San Sebastián, ofrece gel hidroalcohólico a alumnos del centro antes de comenzar la clase.
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¿Existen argumentos en tal sentido? “La educación segregada envía a las niñas y niños el mensaje de que existen unas diferencias naturales entre hombres y mujeres que no son modificables, cuando no está acreditado científicamente que tengan diferentes cerebros, diferentes intereses o maneras de comportarse, sino que dentro de un grupo de niñas hay una gran diversidad y dentro de un grupo de niños, también. Se les dice que están juntos porque se parecen y están separados porque son diferentes. Y así los estereotipos sobre qué es un hombre, qué es una mujer y cómo deben comportarse, no se reducen, se afianzan, lo cual es lo contrario a promover una mayor igualdad, y abunda en el machismo y el sexismo existente”, responde Amparo Moreno, profesora del departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Autónoma de Madrid.
Tampoco tiene respaldo científico, añade Moreno, que la segregación mejore el rendimiento, que es uno de los argumentos pedagógicos de estos centros. Un metaanálisis revisó 184 estudios con más de un millón y medio de alumnos en 2014 y no encontró diferencias significativas en sus resultados académicos respecto a los de colegios mixtos.
“Las consecuencias de tratar a los niños y niñas como seres neutros desde el punto de vista de la feminidad y la masculinidad están a la vista. Los estereotipos se han radicalizado, las chicas siguen sin ir a carreras técnicas y hay una grieta sexual brutal”, sostiene, en cambio, María Calvo, presidenta de la Asociación Europea de Centros de Educación Diferenciada. “Los chicos fracasan muchísimo más y no estamos logrando el respeto entre los sexos tampoco”.
“ESTAR JUNTOS EN EL AULA ES PARTE DEL PROCESO EDUCATIVO”
Varios colegios que separan a niños y niñas han rechazado responder a las preguntas de EL PAÍS. Alfonso Aguiló, que dirigió 11 años uno de estos centros en Madrid y preside la patronal CECE, apunta, entre otras razones, a que los colegios no quieren transmitir inquietud a los padres ante un “futurible”. “Todavía hay tiempo de que el Gobierno rectifique. Para las familias supondría evidentemente un perjuicio, un atropello a sus derechos, y también sería negativo para la reputación del Ministerio de Educación legislar contra la doctrina del Tribunal Constitucional”, señala.
La exclusión del concierto no fue introducida en la ley por el ministerio —que comparte, sin embargo, el resultado final, dice una portavoz—, sino por los grupos parlamentarios en el trámite de enmiendas en el Congreso, entre ellos, el PSOE. “Defendemos el principio de coeducación, y en la educación diferenciada no lo vemos garantizado. Educar en igualdad solo es posible mediante la coeducación y no en teoría, sino ejerciéndola a diario, igual que la prevención contra la violencia de género. Niños y niñas juntos en el aula, jugando, aprendiendo, conociéndose y respetándose. Eso es parte del proceso educativo”, afirma María Luz Martínez Seijo, portavoz socialista de Educación en el Congreso.
“En una sociedad que tiene el reto de conseguir la igualdad plena de hombres y mujeres, no tiene sentido concertar con escuelas que apuestan por la segregación y hacen de ello su modelo pedagógico”, añade Joan Mena, portavoz de Educación en el Congreso de Unidas Podemos, que también promovió el cambio.
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