Por: Mar García Puig / Laura Pérez Castaño. ctxt.

La cárcel tal y como está concebida no transforma, sino que agudiza las violencias, también las de género. Las políticas de vivienda, de garantía de rentas, de ocupación de calidad son también políticas contra la violencia machista.

La estratégica alianza entre neoliberalismo y patriarcado lo es aún con más fuerza en momentos de crisis. La actual es una crisis en todos los sentidos: sanitario, económico, social, de cuidados, de seguridad, etc. Una crisis global que no afecta a todas las personas de la misma manera. Tampoco a todas las mujeres por igual.

Las cargas de trabajo desigual en el ámbito productivo y reproductivo o la precariedad en los sectores esenciales como los cuidados tienen que ser banderas del feminismo para hacer frente al momento complicado que atravesamos. De no ser así, los efectos inmediatos de la intensificación de los trabajos de las mujeres (remunerados y no remunerados) y su precarización van a impactar en las vidas más frágiles.

Otro de los efectos de momentos de crisis como el actual es un incremento de propuestas punitivas para abordar problemas sociales complejos. Un mayor control social o la ampliación y endurecimiento de las normas penales afectan especialmente a los grupos sociales más estigmatizados y empobrecidos. Algunas voces desde el feminismo se han sumado a esta deriva punitiva y desde esta columna queremos poner la necesaria distancia para seguir en el camino transformador del feminismo como propuesta política de construcción de una sociedad más justa para todos.

“¿Cuánto de transformador hay en mandar a alguien que ha cometido violencia de género a la cárcel?”. Esta es una reflexión muy conveniente que ha lanzado la activista antirracista Angela Davis. En un sentido parecido, la socióloga Elisabeth Bernstein acuñó el término feminismo carcelario para referirse a la priorización por parte del feminismo del encarcelamiento por encima de la redistribución social como respuesta a la violencia machista.

En la semana del Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres es importante recordar que las políticas de vivienda, de garantía de rentas, de ocupación de calidad son también políticas contra la violencia machista; que las políticas de justicia social amplían los marcos de decisión de las mujeres, tan necesarios en los procesos de recuperación de la violencia machista; que la prevención de la violencia machista desde el ámbito educativo, sanitario o cultural y la construcción de referentes positivos de masculinidad son esenciales en la lucha contra el machismo. En este marco, las propuestas punitivas son del todo incompatibles.

El punitivismo trata la violencia como si fuera inevitable, como si solo se pudiera abordar a posteriori, en lugar de pensar en lo que hace posible que se reproduzca

Primero, porque el punitivismo supone abrazar una noción excluyente del feminismo. El derecho penal ampara a un sujeto mujer hegemónico y supuestamente universal, dejando de lado la perspectiva interseccional. Por ejemplo, cuando desde las instituciones se define la violencia de género como algo que sucede por el hecho de ser mujer, es importante que se atienda a la diversidad para evitar caer en un esencialismo que deje fuera a muchas mujeres. Una ley de violencias sexuales que no aborde las necesidades específicas de las mujeres en situación irregular o que penalice a las trabajadoras sexuales no es una ley que recoja el potencial transformador del feminismo. Al contrario, con su exclusión profundiza aún más en las desigualdades estructurales que soportan.

La segunda razón para rechazar el punitivismo es que la pena individualiza la responsabilidad, creando la ficción de que estamos hablando de problemas individuales y no sociales (una perspectiva muy cómoda, por otro lado, ya que ofrece una supuesta reparación de manera inmediata). Las violencias machistas forman parte de un complejo sistema de opresión de raíz histórica. El punitivismo trata la violencia como si fuera inevitable, como si solo se pudiera abordar a posteriori, en lugar de pensar en lo que hace posible que se reproduzcan las violencias.

En tercer lugar, asumir el castigo como principal respuesta a las violencias es reforzar un sistema judicial que está muy lejos de representar los valores del feminismo. La cárcel tal y como está concebida no transforma, sino que agudiza las violencias, también las de género. En palabras de la investigadora Moira Pérez, “si adoptamos al castigo como estrategia de intervención, estamos alimentando una cultura del castigo que nos excede y nos oprime a todas, entre otras cosas a través de los dispositivos de constitución y normalización del género”.

Un feminismo transformador no puede ser punitivo. Las feministas que defendemos un proceso de transformación radical de la sociedad apostamos por una justicia restaurativa que huya del castigo y el aislamiento del agresor como sistema de reparación. Eso no significa que la justicia no intervenga contra la violencia. Pero debemos decidir si queremos que sea el lenguaje penal el que defina los problemas sociales.

Como dice la experta en violencias machistas Laura Macaya, “conformarse con la solución punitiva a las violencias de género significa renunciar a transformar las condiciones que favorecen y generan esa violencia”. Y es precisamente en este contexto, en el que conformarse no puede ser una opción.

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Mar García Puig es diputada d’En Comú Podem y Laura Pérez Castaño  es tenienta de Alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona.

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Fotografía: ctxt.

Fuente del Artículo:

JUSTICIA RESTAURATIVA. Crítica a las recetas punitivas contra la crisis y el machismo.