El Conacyt es de quien lo trabaja (II)

 Por Guillermo Sheridan
Hay algunos casos en los que el Conacyt es de la “4T”, pues pone sus atribuciones y recursos al servicio de los intereses políticos del presidente, cosa tan criticable como usarlos en beneficio de intereses privados.

En la primera parte de este escrito referí que, según su directora, la bióloga María Elena Álvarez-Buylla, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es “de la 4T”. Alegué que, a mi parecer, solo puede serlo si se distorsiona el sentido de ese organismo descentralizado del Estado.

Hay sin embargo en los hechos algunos casos en los que sí, efectivamente, el Conacyt es de la 4T, en los que esa voluntad aterriza en la realidad más administrativa y política que científica. Son casos en los que el Conacyt pone sus atribuciones y sus recursos al servicio de los intereses políticos del presidente. Me parece que esto es algo tan criticable como usarlos en beneficio de intereses privados, algo que suele enfurecer a Álvarez-Buylla.

Cuando, en junio de 2018, el candidato anunció a Álvarez-Buylla como directora del Conacyt, dijo que tenía el mérito de ser la “presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad” (UCCS), una ONG cuyo objetivo es “la utilización social creativa y libertaria del conocimiento y así revertir aquellas tendencias destructivas sobre el ambiente y la sociedad que la modernidad está generando”, como dice su “Manifiesto” fundacional, que firmó toda la izquierda unida. Más que su ciencia, a AMLO le interesó ese activismo en defensa de una agricultura purificada de ambición económica con su idealización de un México resistente a “la modernidad”, tradicionalista, familiar, estoico y autosuficiente.

Por venir de las “Redes Universitarias” que apoyaban a AMLO en la UNAM y del diario La Jornada, Álvarez-Buylla llegó con calificaciones ideológicas insuperables. Además, presentó un “Plan de reestructuración estratégica del Conacyt para adecuarse al Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 presentado por MORENA”, que desde su primer párrafo alababa la sabiduría de “el licenciado López Obrador” por diagnosticar que “el régimen económico neoliberal” es “la causa de la crisis nacional”, una crisis debida en parte a la ciencia pervertida por “el valor de mercado”, los “intereses corporativos” y “la mercantilización a ultranza”, por lo que el “Plan” incluiría la “reestructuración del Conacyt para acoplarlo a los lineamientos del Proyecto Alternativo de Nación”.

Entregarle el Conacyt a Álvarez-Buylla le permitió también hacer una concesión a la izquierda bolivariana que buscaba alzarse con el sector educativo, oficializar a la CNTE como luz del magisterio y “democratizar” a las universidades. AMLO escogió a Esteban Moctezuma, pero calmó a los radicales otorgándoles premios de consolación como el Fondo de Cultura Económica para Paco Ignacio Taibo, la oficina de propaganda para su asesor John Ackerman en la UNAM, la subsecretaría de Educación Superior de la SEP para Luciano Concheiro Bórquez (quien declararía que “en la noche neoliberal, festejar al comunismo desde nuestro país nos parece esencial”).

Entregarle el Conacyt a los radicales fue fácil para un evangélico a quien no le interesan mucho la ciencia ni la clase media educada ni los expertos (palabra siempre trabada en su hiperactiva glotis). El candidato que había prometido entregar el 1% del PIB a la ciencia no lo hizo como presidente; el candidato que decía “necesitamos más investigadores” lleva dos años recortándoles presupuesto y requisándoles fideicomisos y, por medio del Conacyt, expulsando del Sistema Nacional de Investigadores a quienes lo eran en universidades privadas, un gesto que, para todo efecto, formalizó la idea de que lo “nacional” ahora se define como lo opuesto a lo privado.

Cuando el Conacyt sí es de la 4T

En el Plan que le propuso a AMLO, además de desmontar al neoliberalismo, Álvarez-Buylla ya trazaba sus planes para lo que después formalizaría su Conacyt como los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES). Son programas sobre asuntos delicados como el hambre, la salud, el agua y la ecología, pero también había uno que

incentivará investigaciones que coadyuven a propiciar conversaciones culturales argumentativas y sustentadas en la reflexión académica de cara a los desafíos, riesgos y sentidos que abren los procesos sociales, económicos y políticos de gran envergadura en la sociedad contemporánea, signada por las dinámicas de tecnificación de lo social, globalización de la economía y de las comunicaciones, concentración de la riqueza y aumento de la violencia.

Es decir, un programa estratégico de carácter político. Cuando ya lanzó oficialmente los PRONACES, Álvarez-Buylla incluyó como uno de sus once ejes temáticos la “Construcción democrática”, ya a sabiendas de que su realización estratégica estaría a cargo de su amigo John Ackerman. Unos meses más tarde ese eje temático desapareció de la estratégica lista, pero para todo efecto, según el Conacyt “de la 4T”, Ackerman sigue siendo el encargado científico de construir la “auténtica” democracia mexicana.

Por fin un caso en que el Conacyt sí es “de la 4T” por donde se le vea. El popular animador de TV Ackerman, que se jacta de ser asesor de AMLO, es, gracias a él, el titular de un Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM. Es un programa que desarrolla proyectos académicos titulados, por ejemplo, “Pensamiento crítico para una democracia democratizante” como la de Venezuela, donde, como dice Ackerman, “los logros de la Revolución Bolivariana son espectaculares”.

La relación de tiempo entre Álvarez-Buylla y Ackerman se fortalece en su admiración por la revolución soviética, en el cariño al “Che” Guevara y en el combate contra “la ciencia neoliberal”, ese que Ackerman procuró activar en la UNAM en balde, pues fue sumariamente cancelado.

Apenas fue Álvarez-Buylla destapada para el Conacyt, Ackerman celebró en un editorial “su compromiso irrestricto de hacer realidad la 4T en materia de investigación científica”. Luego acusó a quienes se atreviesen a criticar la política anticientífica del gobierno (como Sergio Aguayo y Antonio Lazcano) de hacerle “una guerra sucia” a su protegida. Álvarez-Buylla es frecuente “invitada de lujo” en los programas de TV de Ackerman, dicta conferencias en la Secretaría de la Función Pública (SFP) que preside Irma Eréndira Sandoval, esposa de Ackerman; si Álvarez-Buylla necesita un coloquio contra “la ciencia autoritaria”, Ackerman se lo organiza en la UNAM y si Ackerman quiere exaltar la grandeza científica de AMLO, Álvarez-Buylla le hace segunda. Por ejemplo, en agosto de 2018luego de fingir graciosamente que no se conocen (“¿me permites tutearte?”), Ackerman entona loas a “la cuarta república” mientras Álvarez-Buylla declara solemne que la ciencia es “para todos” y no para las “clases privilegiadas”; que México es un país con “heridas muy profundas” por culpa del neoliberalismo que será derrotado por el “conocimiento milenario” de las “organizaciones comunitarias”. En abril de 2020, ambos razonan que el neoliberalismo es una clara muestra “de la crisis del modelo civilizatorio” y el obvio responsable de la pandemia. Es más: según Álvarez-Buylla, el neoliberalismo “destruyó la base alimenticia saludable que teníamos en México en época prehispánicas”.

Un servicio interesante de su convenio es el servicio que le presta la SFP de Sandoval al Conacyt “de la 4T” cada vez que su directora necesita deshacerse de un científico incómodo. Ya he narrado cómo se deshizo de la Dra. Beatriz Xoconostle, directora de un Centro Público de Investigación y su rival de años en el debate sobre los transgénicos, y cómo anuló al Dr. Leopoldo Altamirano, director del Instituto Nacional de Astrofísica, quien pierde tiempo y dinero explorando hoyos negros en el cosmos en vez de sembrar maíz para el pueblo.

En los dos casos, Álvarez-Buylla alegó que esos colegas suyos estaban siendo investigados por la SFP y que lo mejor era que renunciasen mientras se desarrollaban las investigaciones. Es sencillo: se hace una “denuncia anónima” en la SFP, que abre una investigación y se lo participa a Álvarez-Buylla, quien procede de inmediato a “renunciar” al presunto (o presunta). Se trata de proceder no del todo distinto a las delaciones que, en la Alemania nazi, como narró Bertold Brecht, hacían quienes deseaban quedarse con el departamento del vecino. En teoría, cualquiera podría hacer una “denuncia anónima” contra Álvarez-Buylla que, de haber congruencia en el método, recibiría un mensaje de la SFP diciéndole que se le está investigando por lo que, de inmediato, tendría que pedirse su renuncia a sí misma. Y por cierto, las “investigaciones” contra Xoconostle y Altamirano nunca llegaron a nada, pero nunca se le pidió perdón ni se les reinstituyó su cargo.

A cambio de todos esos servicios, apenas se empoderó en el Conacyt, Álvarez-Buylla decidió científicamente que como Ackerman sí representa la ciencia popular y ética y epistémica y virtuosa que amerita el pueblo, había que financiarle sus trabajos…

El erario al servicio de las “esferas democráticas libertadoras”

Después de haber negociado con la UNAM la creación de su PUEDJS –entre cuyos 23 empleados le abrió de inmediato una plaza a la tía de su esposa– Ackerman declaró:  “Estamos ya trabajando en un proyecto con el Conacyt, para la elaboración del programa nacional estratégico en materia de democracia, que se encuentra en evaluación…” Lo anterior lo dijo en mayo de 2019, seis meses antes de que el Conacyt anunciase siquiera los PRONACES y diera a conocer sus protocolos y convocatorias. No existían aún esos programas, pero ya se estaba “trabajando” el de Ackerman, obviamente un “especialista” de “trayectoria sobresaliente” (como define su reglamento a quien merece uno), un programa obviamente virtuoso y ético y epistémico, sujeto a una evaluación que ni se había iniciado ni tenía comité evaluador pero que ya había ganado, por órdenes de su amiga, un financiamiento para cinco años, el máximo apoyo que otorga el Conacyt.

El proyecto de Ackerman, pues, no tuvo que ajustarse a ese calendario, privilegiado por su amistad con Álvarez-Buylla, un beneficio de lo que el Líder Moral de ambos llama el “amiguismo” y el “influyentismo” que ya no existen porque son “lacra de la política”.

El proyecto se titula “Democracia, culturas políticas y redes socio-digitales en una era de transformación social”, que Ackerman describe así:

Este proyecto tiene como objetivo central desarrollar nuevos marcos de análisis que permitan visualizar la existencia de múltiples esferas democráticas conformadas por la pluralidad de culturas políticas del país. Con ello, se propone construir otra mirada sobre la democracia y la cultura política en México que haga posible plantear nuevas narrativas, sentidos comunes y horizontes que coadyuven a la construcción de una auténtica democracia libertaria y liberadora.

Luego explica que el primer año de los cinco financiados por el Conacyt se dedicaría a estudiar los “aportes para la construcción de una democracia sustantiva” realizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Aquí conviene recordar que desde 2016, AMLO negociaba el apoyo de la CNTE para echar abajo la Reforma Educativa que, a su parecer, era antipopular. Entre otras tácticas para lograrlo, cuenta Ackerman en diciembre de 2017 que

el año pasado Andrés Manuel me llamó para que ayudara a integrar una comisión de enlace entre MoReNa y el magisterio nacional. Entonces yo ayudé a acercar todos los maestros de la CNTE y de las luchas sociales con MoReNa para que pudiera haber un entendimiento mutuo.

A confesión de parte, relevo de pruebas (la suegra de Ackerman, por cierto, es una funcionaria importante de la CNTE).

Para llevar a cabo esa misión que le encomendaron un político en campaña y su partido, Ackerman empleó, como lo sigue haciendo, tiempos, infraestructura y recursos de la UNAM. Se trataba de promover –decía Ackerman– “una lucha estudiantil que hace suya la causa de la CNTE”, algo que nada tendría de malo si no fuera porque trasladó esa “lucha” al ámbito académico de la UNAM, violando su Estatuto General que garantiza la libertad de cátedra, pero a la vez prohíbe a la UNAM “tomar parte en las actividades de grupos de política militante”. ¿Le aplicaría la UNAM a Ackerman el artículo 95, que declara “causa especialmente grave de responsabilidad realizar actividades de índole política que persigan un interés personalista”? Pues no. En el modus vivendi que le impuso AMLO a la UNAM no solo se le otorgó impunidad al activismo partidario de su consejero, sino que se le creó un “Programa” financiado con muchos millones de pesos. Y la siempre inerme UNAM tuvo que resignarse.

Esa labor en favor de la CNTE y al servicio de un político y su partido continuarían, con AMLO ya de presidente, en proyectos académicos del PUEDJS como las “Jornadas de trabajo para el estudio de la CNTE” que, en enero de 2020, tuvieron como objetivo “discutir desde una perspectiva teórica, metodológica y empírica la cultura política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como sus formas de organización, movilización y protesta frente a las reformas educativas de corte neoliberal”, como consta en su Primer Informe de Actividades (p. 30).

Un “Programa” de servicios políticos a un político que emplea recursos, espacio, tiempo y personal de la UNAM y, ahora, también del Conacyt que, en este caso, sí es literalmente “de la 4T”. Saber cuánto les cuesta a la UNAM y al Conacyt financiar los proyectos “académicos” que Ackerman lleva a cabo para el político que le encomienda misiones supondría llevar a cabo solicitudes de transparencia. Debe ser una cantidad importante, pues el PUEDJS cuenta con 23 empleados que paga la UNAM. Y habría que agregarle lo que cuestan los programas de TV de Ackerman. Y luego agregarle el financiamiento que le otorga el Conacyt, el más elevado y por la mayor cantidad de tiempo. Un “apoyo” que incluye el permiso para contratar “recursos humanos”, lo que le agregó otros cuatro empleados y el recurso humano Marisol Espejel Ballesteros, prima hermana de la secretaria de la Función Pública encargada de combatir el nepotismo y la corrupción neoliberales.

Son muchos millones de pesos para que Ackerman y su presidente y su partido y la CNTE logren erradicar a la pobreza.

Mientras escribo esto, culminó el procedimiento para crear una nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Un reportaje de hoy, 17 de diciembre, narra la forma en que el Conacyt “de la 4T” le llevó a AMLO el anteproyecto. Al parecer ahora será un “Consejo de Estado” el que decida todo lo relacionado con esas actividades. Presidirán ese Consejo el presidente y varios secretarios de Estado. Dice que no habrá nadie de la Academia Mexicana de Ciencias, ni de los Centros Públicos de Investigación, ni de la UNAM o el IPN, ni de la Asociación Nacional de Universidades ni del Foro Consultivo Científico y Tecnológico ni de la Red ProCiencia ni…

No es cierto. Hay por lo menos un científico que lleva meses participando en el diseño y la redacción de ese anteproyecto y aconsejando a Álvarez-Buylla, junto a la que caminó rumbo al Palacio Nacional para entregárselo al presidente, en calidad de invitado de lujo y único investigador académico: John Ackerman.

El Conacyt y la integridad

Una semana después de otorgarle su “apoyo” por cinco años al PUEDJS de su amigo, Álvarez-Buylla presentó el Código de Conducta del Conacyt. Es muy emotivo, una especie de Guía etica para la transformación de México pero para científicos y humanistas y tecnólogos.

Álvarez-Buylla denuncia ahí de entrada que “en el pasado la administración pública sucumbió ante grupos de poder” y “se colmó de personas que pervirtieron el servicio público”. Lo bueno es que eso ya no ocurre porque ahora el gobierno está “al servicio del pueblo” y por lo mismo es que se conmina a cualquiera que trate con el Conacyt a comportarse con honradez, honestidad y transparencia. Uno de sus preceptos dice

Abstente de influir o dejarte influenciar para recibir favores para ti o para con los que tengas (sic) un interés personal, familiar o de negocios.

Otro ordena que “las personas que integran el servicio público del Conacyt deben evitar participar en los procedimientos de evaluación”, como, por ejemplo, avalando proyectos por adjudicación directa y sin comités de evaluación.

Pero bueno, este Código se decretó después de que el PRONACES de Ackerman ganó su “apoyo” sin concurso…

Fuente:

https://www.letraslibres.com/mexico/ciencia-y-tecnologia/el-conacyt-es-quien-lo-trabaja-ii

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