El plan A las Aulas: una reorganización educativa

Por: Damián Melcer

Por un frente único de la docencia de todos los niveles

COVID-19 y ciclo lectivo 2021

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, al igual que el gobierno de la Ciudad, prepara el terreno para el inicio de las clases en contexto de COVID-19. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires ha resuelto dejar sin efecto “la suspensión del dictado de clases presenciales”, es decir que las y los docentes de todos los niveles finalizamos el ciclo lectivo 2020 con la perspectiva de un ciclo 2021 donde se desarrollen dictados de clases presenciales, algo que fue puesto a prueba durante el mes de diciembre en todas las jurisdicciones y con las más diversas formas de resistencia de los y las docentes. La nueva normalidad estará regida por el protocolo marco elaborado desde el ministerio de educación nacional (Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores. Resolución 364/20).

Qué sabemos de los protocolos

El protocolo marco, impulsado por el Consejo Federal de Educación, es la referencia de los protocolos provinciales y jurisdiccionales. Los protocolos para volver a la presencialidad son, entonces, una política unificada del Estado nacional y de los estados provinciales; una política educativa de Estado; hacer protocolos para forzar el regreso a clases. En la provincia de Buenos Aires, el retorno a las clases presenciales estuvo signada por la improvisación y la inmediatez. El ciclo lectivo 2020 terminó corriendo detrás del compás que marcó el larretismo en CABA. Aperturas y actos escolares de finalización de cursos diseminando burbujas, reestructurando los tiempos de trabajo docente y alterando la conformación de los cursos, que sólo podían ser integrados por grupos no mayores de 10 estudiantes.

Pero el gobierno de CABA no imponía su propia melodía, sino que seguía la partitura elaborada por los organismos internacionales, como la UNESCO y UNICEF, que promueven una apertura de los establecimientos educativos argumentando que las brechas de desigualdad crecen en el contexto de aislamiento, como si se debiera solo a este motivo. Los gobiernos avanzan con sus propuestas de retorno a la presencialidad delegando la implementación a los equipos de conducción de cada establecimiento, para que asuman “la toma de decisiones en medio de la incertidumbre propia de la emergencia” (UNICEF, informe, 2020). El gobierno provincial convoca, en la medida de que sea posible en cada establecimiento educativo, a que sean los equipos de conducción quienes definan ”los formatos para la organización de los grupos y la frecuencia de las clases en cada institución escolar” considerando “los recursos de la institución.” (Comunicación N° 85/20 de la DGCyE). La descentralización educativa da un paso más al promover que sean los equipos directivos quienes planifiquen una reorganización de las propuestas pedagógicas. Los directivos son forzados a introducir una reorganización que implica la modificación del formato educativo, la afección del curriculum y del trabajo docente sin solicitar recursos al Estado.

Alabad la presencialidad y vendrá un nuevo formato educativo

El 2020 terminó con la totalidad de los niveles educativos promoviendo actividades socioeducativas presenciales; desde inicial hasta el nivel medio e incluso el universitario-superior. En tal sentido la UBA adoptó los requerimientos sanitarios aprobados por Ciudad de Buenos Aires y Nación y solicitó a las autoridades de cada unidad académica que “adecuen el protocolo marco” de acuerdo a las particularidades de cada institución para “el retorno de las actividades académicas prácticas”. Este protocolo fija la perspectiva de una amplia reorganización del trabajo al promover que “cada unidad académica deberá flexibilizar y establecer nuevos horarios y jornadas académicas entre sus programas con el fin de evitar concentraciones y afluencia masiva de personas” (Protocolo presentado en diciembre por el rectorado de la UBA). Institutos de educación superior privados, como la UCA, la UADE y otros, también terminaron el año implementando la presencialidad.

En pleno aumento de contagios y ante una curva ascendente el ministro de educación se muestra preocupado, solo en palabras, pero sostiene la presencialidad “como el ordenador del nuevo ciclo lectivo” (ámbito 6-01). De un lado y otro de la grieta acuerdan en esta apreciación. En tal sentido el gobierno nacional presentó el plan “A las aulas: Síntesis de acciones y plan de trabajo 2021 para garantizar la plena presencialidad en el sistema educativo argentino”.

El documento muestra que el 95% de los hogares recibió propuestas pedagógicas durante todo el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio; que el 85% de las familias valoraron positivamente el trabajo de docentes y escuelas durante la suspensión de clases presenciales. Se informa, también, en lo que respecta a la educación media que 6 de cada 10 adolescentes reconoció haber aprendido contenidos escolares nuevos y prácticamente la misma proporción señaló que lograron organizarse mejor y de manera más autónoma. Del total de los encuestados, más del 70% de los estudiantes que accedieron a recursos educativos digitales destacó que le gustaría que se continuará con su utilización en clases presenciales. Estos datos son, en parte, compartidos por UNICEF Argentina cuya encuesta pone de relieve que más del 65% de estudiantes dicen haber recibido aprendizajes ¿Es entonces una profunda razón educativa el retorno a la presencialidad en este contexto?

Las dificultades relevadas

En el mismo documento se relevaron como dificultades la heterogeneidad en el tipo y en la intensidad de los aprendizajes y la desigualdad en el acceso a recursos digitales para sostener educación virtual (siendo que el 45 % de los hogares no dispone de una computadora en funcionamiento, el 52 % de los hogares no cuenta con una computadora liberada para uso educativo y que 3 de cada 10 de hogares no tiene acceso fijo a Internet). Todas razones que promueven un riesgo efectivo de desvinculación del sistema escolar, que no requieren de protocolos presenciales para ser solucionadas.

La educación a distancia, remota o virtual, puso de relieve la sociedad desigual, violenta y opresiva en la que vivimos; no sólo por las condiciones de vivienda para enseñar y aprender sino también por las necesidades que surgen al momento del aprendizaje y que generan nuevas dificultades. En Argentina “el 85% de los hogares, las madres ayudaron a sus hijos con los deberes” a lo que se suma que las tareas domésticas o de cuidados siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres por lo que “el 57% respondió que sentía una mayor sobrecarga laboral desde el inicio de la pandemia” (El país, 17-12-20).

Sucede que las condiciones de la cuarentena impulsaron el virtual freno de la fuerza de trabajo conllevando a la parálisis del régimen capitalista que no puede garantizar su propio desarrollo sin movilizar a la fuerza de trabajo (hombres y mujeres). La movilización de la fuerza de trabajo evidenció la incapacidad del actual régimen social de garantizar la salud y el cuidado para que la fuerza de trabajo no se dañe, no se enferme, no se contagie. Aprender en el hogar implica, para la población estudiantil de los niveles de inicial, primario y una parte del nivel medio, requerir de un adulto que los asesore y los acompañe en dicha actividad. Se genera una contradicción entre niños y niñas que deben aprender en sus domicilios mientras los adultos deben ir a sus lugares de trabajo o trabajar desde el domicilio, sin licencias.

El afán por la presencialidad y la necesidad de recurrir a los establecimientos, a pesar de todas las instancias de mediaciones didáctico-pedagógicas que existen, pone en evidencia que han convertido a las escuelas en instrumentos para el alojamiento de los niños, niñas y adolescentes con la finalidad, hasta cierto punto, de permitir liberar a la fuerza de trabajo adulta para el mercado laboral. Por eso para Trotta es posible que “las medidas restrictivas pueden convivir con la presencialidad en las aulas” porque se trataría de priorizar “el mercado de trabajo y la apertura escolar.” (ámbito 6-01). Es una señal a los mercados y organismos financieros de que Argentina volvería a la normalidad del capital.

A las aulas: un plan estratégico para 2021 (macrismo recargado)

Convocar a la presencialidad no es sólo ir a las aulas, implica una propuesta que apunta a modificar el formato educativo actual. El gobierno se prepara para imponer un plan estratégico que traza los objetivos de un nuevo formato de educación en los marcos de las leyes vigentes. El documento “A las aulas” es la hoja de ruta del nuevo plan de educación que promueve una “reorganización de la enseñanza” incluyendo “el trabajo “multinivel” dentro de la misma sección escolar y/o la revisión del concepto mismo de sección como única forma de agrupamiento escolar”, se impulsarán las aulas por proyectos modificando las actuales divisiones o grados por franja etaria.

También plantea una reorganización institucional “que albergue las distintas formas de escolarización que van a coexistir durante buena parte de 2021: presencial, no presencial, combinada.” La convocatoria a las aulas ofrece una perspectiva desalentadora para el trabajo docente en un doble sentido porque, por un lado, la coexistencia de formas presenciales, no presenciales y combinadas implican la diversificación del trabajo docente en un cuadro de situación de por sí complejo siendo que 9 de cada 10 docentes han hecho saber que “su trabajo aumentó tras la suspensión de clases presenciales” (documento “A las aulas”). Pero también, por otro lado, las y los docentes sufrieron otro tipo de expropiación, el de sus capacidades creativas ya que “más de la mitad de los y las docentes produjeron sus propios recursos didácticos: clases grabadas en audio o video, actividades o cuadernos para imprimir, copiar y resolver” (ídem). Las y los docentes desarrollaron los más variados recursos convirtiéndose, de a miles y sin retribución a cambio, en usuarios y creadores de propuestas pedagógicas cuyo usufructo es de alcance incierto, pero han estimulado el desarrollo de las aplicaciones y promovido innovaciones de las nuevas tecnologías que cotizan en bolsa.

Las propuestas para el ciclo 2021 que se derivan del documento son un desprendimiento del Plan propuesto por el macrismo en 2017 denominado “Secundaria Federal 2030”, cuyos lineamientos fueron presentados en la Declaración de Purmamarca, en 2016. El actual oficialismo “va en una dirección que se quiere promover desde hace muchos años” como por ejemplo en la “integración de contenidos de distintas materias y disciplinas que vayan en dirección a un currículum menos clasificado” y la implementación de “otro régimen académico”, lo que dejará planteada la necesidad de modificar el estatuto docente (documento “A las Aulas”). Estamos ante la apropiación de la propuesta de política educativa que hiciera el gobierno de Macri a través del marco de organización de los aprendizajes para la educación obligatoria (MOA, resolución 330/17).

La crisis humanitaria pretende ser aprovechada por el gobierno de turno para avanzar en un plan que subsuma, aún más, la educación al capital. El documento apunta a “introducir de manera acelerada modificaciones estructurales en la organización escolar, en el currículum y en la enseñanza” (documento “A las aulas”, p. 31). El gobierno aprovecha las condiciones generadas por la cuarentena para socavar las condiciones de trabajo de las y los docentes, también pretende sacar ventaja de esta situación al avanzar en la conformación de un curriculum educativo más generalista, abarcativo e inespecífico; implicando reducciones de materias y de saberes. Es el plan de acción de una política educativa de Estado.

Recursos y cuidado de la salud incompatibles con el capital

Ante un crecimiento sostenido de contagios en el país y en el mundo, en el momento donde se toma mayor conocimiento del fracaso de las políticas de vacunación; el gobierno promueve la presencialidad en todos los niveles. Sin embargo ciertas tareas propias de la educación pueden darse mediante herramientas que colaboran en la formación a distancia, como se desprende del relevamiento que hiciera el FMI donde se puede observar que en los países de más altos ingresos un porcentaje mayor al 65% de su población logró tener clases mediante dispositivos de video. (revista FyD, diciembre de 2020).

La experiencia del mundo indica que las escuelas son, efectivamente, centros de contagio tal como lo hace saber el grupo de científicos del Reino Unido –Independent SAGE- dirigidos por el ex asesor científico principal del gobierno, David King. Este grupo reconoce que “la decisión, del 4 de enero, de cerrar las escuelas primarias y secundarias fue necesaria debido a fallas anteriores en la implementación de las medidas de seguridad de COVID, la consiguiente propagación de la infección en las escuelas y la contribución de las escuelas al rápido aumento de los niveles de infección en la comunidad en general.” (https://www.independentsage.org/ comunicado del 8 de enero).

Aún así, el esfuerzo por intentar reestablecer un orden en el régimen capitalista implica buscar cualquier alternativa para impulsar la presencia de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas. Por eso, también en el Reino Unido, se convoca a reaperturas de las aulas de manera improvisada e irresponsable. El secretario de educación, Gavin Williamson, promueve el uso de pruebas de flujo lateral (o LFT) masivas en las escuelas con la finalidad de reabrirlas. Sin embargo, esto conlleva un inconveniente mayúsculo puesto que como informan los científicos “en una prueba piloto en Liverpool” este tipo de recurso pasó por alto “a casi un tercio de las personas asintomáticas que tenían altas cargas virales y estaban en mayor riesgo de propagar la enfermedad”, a lo que se suma que, en el afán del ahorro presupuestario, se pretende que en las escuelas sean los docentes y las familias quienes realicen las muestras lo que “podría reducir aún más su valor” de detección, debido a que las muestras no serían tomadas por expertos (The Guardian 14 de enero).

La presencialidad con protocolos, en el mundo y en Argentina, no garantiza el cuidado de los docentes ni de los y las estudiantes, quienes además (por políticas sanitarias) no están contemplados en el plan de vacunación. En cuanto al uso de tapabocas el protocolo marco nacional dice que “se recomienda el uso de tapabocas durante todo el tiempo que dure la permanencia en la escuela (tanto para alumnos/as como para personal docente y no docente)”, la recomendación del gobierno nacional deja a libre decisión de cada institución proveer o no los materiales adecuados. No se establece la obligatoriedad para que las instituciones brinden los recursos de cuidados básicos para la salud, algo que implicaría un aumento en el presupuesto educativo.

El régimen social se muestra incapaz de ofrecer un resguardo seguro a su fuerza de trabajo, a la que le imprime la obligación de ir a exponerse. En argentina y en el mundo el capitalismo se ha vuelto incompatible con la vida.

Las tareas que se desprenden

En este cuadro de situación la educación a distancia o la educación virtual no puede rechazarse como resultado de un mero forzamiento o por ser un instrumento utilizado por el gran capital de los medios de comunicación y tecnológicos. Por el contrario, se debe establecer en los diversos niveles educativos una política de conjunto para garantizar aprendizajes, para sostener la enseñanza y cuidar la salud bajo el control de los trabajadores de la educación.

Desde la docencia debemos convocar a un congreso de la educación de todos los niveles para trazar un plan de acción que contrarreste el ataque del capital y promueva una reorganización social sobre nuevas bases. Un plan que releve, en todos los niveles las condiciones de vivienda, laborales y de conexión de familias y estudiantes. Así como también la disponibilidad de dispositivos tecnológicos y espacios para el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Para que el Estado garantice los recursos y asuma los gastos vinculados al cuidado de la población, de los y las estudiantes y docentes.

Cada docente y cada estudiante con su computadora para uso pedagógico; el relevamiento debe quedar en manos de los trabajadores de la educación impulsando la conformación de organizaciones barriales-vecinales que mediante espacios de asambleas debatan los problemas zonales fijando las prioridades. Un plan de licencias y suplencias pagas para todos aquellos docentes que tengan niños o familiares de riesgo a cargo y que repercutan para el sostenimiento de las clases. Por la estructuración de un plan de estudios que nazca a partir de las necesidades de la población y que promueva un conocimiento amplio de la cultura universal.

Por comités de salud e higiene con capacidad de veto conformada por docentes, estudiantes y familias constituyendo organizaciones barriales, vecinales.

Argentina posee de deuda externa su equivalente al PBI, es decir a toda la producción del país en un año, una deuda que deberá empezar a pagar en este 2021. El dinero debe destinarse a la salud y al desenvolvimiento de la vida, las exigencias y presiones que resultan del pago de la deuda externa implican una condena al desarrollo. Es necesario rechazar el pago de millones de dólares a quienes especulan en la bolsa, sean capitales nacionales o extranjeros. Plata para salud, educación y viviendas.

Pongamos de relieve nuestras condiciones esenciales: recursos garantizados para la educación a distancia, recursos sanitarios a cargo de los establecimientos educativos para preservar la salud de docentes, un salario igual al costo de la canasta familiar, por la reorganización del sistema educativo que centralice el financiamiento y elabore un plan de acción para satisfacer todas las necesidades educativas. Convoquemos a un congreso de la docencia para evaluar y establecer un plan de acción por estas reivindicaciones, de cara a un congreso del movimiento de todos los trabajadores.

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Fotografía: Política obrera

Fuente del Artículo:

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Docente - Investigadora Educativa.
Venezolana.
Doctora en Cs. de la Educación, Magíster en Desarrollo Curricular y Licenciada en Relaciones Industriales.

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