Tres medidas urgentes para afrontar el alto impacto de la pandemia en las mujeres

La CEPAL y la ONU han señalado que las respuestas a la pandemia y a la crisis económica deben incorporar la perspectiva de género.

Por Redacción AN / ER

Tres medidas urgentes para afrontar el alto impacto de la pandemia en las mujeres | Artículo

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Rogelio Muñiz Toledo

“El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación”: Convención de Belém do Pará*

Cuando le preguntan si es feminista, el presidente López Obrador responde que es humanista porque eso “lo engloba todo”: “no permitir las injusticias, no permitir la discriminación”. Sea o no feminista, y más allá de su concepción del humanismo y de su reciente “descubrimiento” de lo que significa el “pacto patriarcal”, el Jefe del Estado mexicano no puede desentenderse de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales del gobierno en materia de derechos humanos y de erradicación de la violencia contra las mujeres.

El presidente López Obrador puede no asumirse feminista -aunque debiera serlo al menos en su definición básica, como reivindicación del principio fundamental de igualdad de derechos de la mujer y el hombre-, pero lo que no puede es no hacerse cargo de que la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas son una ofensa a la dignidad humana -lo que constituye una grave violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales- y de que los instrumentos jurídicos internacionales en materia de prevención de la discriminación y de promoción y protección de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres, imponen a su gobierno mandatos específicos para la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

El Presidente debe asumir que todas las formas de violencia, discriminación, exclusión, maltrato y abuso que enfrentan diariamente las mujeres y las niñas, debido a la desigualdad estructural y a los estereotipos de género socialmente persistentes, deben ser erradicadas mediante una política de Estado en materia de igualdad sustantiva y que para alcanzar esta condición se requiere que el Estado mexicano instrumente acciones efectivas para sancionar y erradicar toda práctica social que reproduzca, en los ámbitos público y privado, los patrones culturales machistas que han provocado la exclusión y la discriminación de las mujeres.

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Es urgente una política de Estado para erradicar todas las formas de violencia y la desigualdad y discriminación a que se enfrentan las mujeres, para garantizarles el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con énfasis en los derechos a la autodeterminación personal, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física y psicológica, a una vida libre de violencia y a la seguridad ciudadana y para que tengan acceso efectivo a una justicia pronta y expedita -especialmente en los casos de feminicidio y de violencia sexual- y a una vida digna mediante el ejercicio de los derechos universales a la educación, la salud -incluida la sexual y reproductiva-, los cuidados, la alimentación y la nutrición y la vivienda.

Aunque tuviera razón el Presidente cuando afirma que las políticas sociales de su gobierno se dirigen a garantizar a las mujeres el ejercicio de algunos de estos derechos, la falta de una política de Estado que promueva la igualdad sustantiva impide la erradicación de la discriminación por razón de género y frena el adelanto y el empoderamiento de las mujeres, porque los programas sociales no se ejecutan con perspectiva de género y con la transversalidad necesarias para cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Una política de Estado que promueva la igualdad sustantiva permitiría, en el mediano plazo y conforme al principio de progresividad de los derechos, cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y erradicar la discriminación que enfrentan cotidianamente las mujeres y las niñas. En lo inmediato, es urgente que se instrumenten políticas públicas y programas sociales para hacer frente al ato impacto que ha tenido la pandemia en las mujeres.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han documentado que la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado para las mujeres y niñas, lo que ha profundizado la desigualdad de género, como se reconoció en la sexagésima reunión la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en febrero de este año.

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Debido a la pandemia, las mujeres han tenido que enfrentar mayores tasas de desocupación (desempleo y expulsión de la fuerza laboral) e informalidad y bajas remuneraciones, en comparación con los hombres. En 17 países de América Latina y el Caribe, la tasa de desocupación para las mujeres, con participación laboral al nivel de 2019, fue de 22.2% mientras que para los hombres fue de 15.3%. Esto ha provocado un significativo incremento en la situación de pobreza de las mujeres -95 millones en 2019 frente a 118 millones en 2020- lo que significará 10 años de retroceso en su participación del mercado laboral.

Para las mujeres la pandemia también ha significado un aumento importante en la carga de cuidados, en la violencia por el confinamiento, en el impacto negativo de la revolución digital y de los procesos de automatización -sobre todo en el empleo-, en las brechas de género en el acceso a las tecnologías de la información, en el ciberacoso y en la violencia en los medios digitales.

En América Latina y el Caribe el 36.5% de mujeres en hogares con niñas y niños menores de 5 años están fuera de la fuerza laboral, debido al incremento en la demanda de cuidados, lo que ha exacerbado la ya de por sí excesiva carga de cuidados no remunerados para las mujeres, con los efectos negativos que esto tiene para su participación en el mercado laboral y en la toma de decisiones en la vida pública. El impacto de la pandemia en las mujeres adquiere mayores proporciones debido a que enfrentan un doble obstáculo: falta de autonomía económica y brechas de acceso a internet y a las tecnologías de la información.

Hasta 2019, la disminución en los niveles generales de pobreza no se había reflejado en una baja significativa en la pobreza de las mujeres. La pandemia y la falta de una perspectiva de género en las medidas para la recuperación económica han llevado a una doble discriminación hacia las mujeres, por razones de género y por motivos étnicos o raciales.

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La CEPAL y la ONU han señalado que las respuestas a la pandemia y a la crisis económica deben incorporar la perspectiva de género. Para hacer frente al ato impacto que ha tenido la pandemia en el nivel y la calidad del empleo y en los ingresos de las mujeres, será necesario que los gobiernos avancen en la aprobación de presupuestos con perspectiva de género y que aumenten la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos para programas dirigidos a lograr la igualdad sustantiva.

La CEPAL y la ONU han propuesto tres medidas urgentes para afrontar el desproporcionado impacto de la pandemia en las mujeres:

1.- La aprobación de un ingreso básico de emergencia con una línea de pobreza, por entre 3 y 6 meses, mediante transferencias monetarias directas a las mujeres que salieron de la fuerza laboral debido a la COVID-19 (14 millones en 9 países de América Latina y el Caribe). Según la CEPAL, en México este ingreso básico de emergencia para las mujeres significaría una inversión no mayor al 0.1% del PIB.

2.- Avanzar en la creación de sistemas integrales de cuidados de carácter público y universal, bajo el principio de corresponsabilidad entre hombres y mujeres y entre el Estado, el mercado y las familias, para lo que se requeriría implementar un conjunto de políticas articuladas, sobre el tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios relacionados con las distintas necesidades de cuidados de la población. Esto permitiría resolver la demanda de cuidados, sin afectar a las mujeres, y superar la injusta organización social de los cuidados que ha caracterizado a los países de América Latina y el Caribe.

En México está en proceso una reforma constitucional para crear el sistema nacional de cuidados, aunque su aprobación e implementación no parecen estar en la agenda prioritaria del Gobierno de la República. En la Ciudad de México la Constitución local reconoce el derecho al cuidado y contiene el mandato para que las autoridades desarrollen políticas públicas y establezcan un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, para atender de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. A más de dos años del inicio de la vigencia de esta disposición, el Gobierno de la Ciudad de México no ha cumplido con ese mandato constitucional.

3.- Proporcionar una canasta básica digital o canasta básica de tecnologías de la información y las comunicaciones, consistente en una computadora portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión a internet para los hogares que no cuentan con estos servicios, lo que permitiría atender al 51.3% de las mujeres, universalizar el acceso a las tecnologías de la información y cerrar la brecha digital a la que se enfrentan las mujeres y las niñas. Implementarlo en México significaría una inversión de aproximadamente un punto porcentual del PIB.

Fuente

https://aristeguinoticias.com/1303/opinion/tres-medidas-urgentes-para-afrontar-el-alto-impacto-de-la-pandemia-en-las-mujeres-articulo/

 

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Tres medidas urgentes para afrontar el alto impacto de la pandemia en las mujeres – Sarraute Educación María Magdalena

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