Educación: ¿un derecho, obligación o trámite?

Por Bernardo Naranjo y Francisco Castro

La SEP decidió esta semana otorgar la acreditación a todos los estudiantes por el solo hecho de presentarse, esto tendrá enormes implicaciones para el futuro inmediato, si se considera que una estimación gruesa arroja que se habrían desvinculado de sus escuelas entre 8% y 10% de los alumnos de primaria, y entre 15% y 25% de los de secundaria.

Los criterios para calificar a alumnos de educación básica suelen ser tema rutinario en el sistema educativo, pero han cobrado especial interés al final de un ciclo escolar en el que una cantidad importante de alumnos no ha podido tener contacto regular con su escuela: ¿Qué hacer con ellos? ¿Aprobarlos a todos, reprobarlos o dejar que cada escuela decida? Muy tardíamente, el lunes 22 la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó dichos criterios en el Diario Oficial de la Federación. Destaco los siguientes:

Todo estudiante que haya estado en contacto con la escuela durante el ciclo escolar que termina, recibirá una calificación de 6 cuando menos, independientemente de lo que haya realizado.

Los estudiantes que no hayan estado en contacto con la escuela, podrán presentar una evaluación global de conocimientos, que se considerará junto con los elementos que los docentes juzguen convenientes. Por el hecho de presentarse a esa evaluación, e independientemente de su resultado, todos recibirán una calificación de 6 cuando menos. Las escuelas no podrán retener a los educandos en el grado escolar en el cual se encuentran inscritos.

Se establecen nuevos periodos de regularización y la posibilidad de registrar la calificación final del presente ciclo hasta el final del primer momento de evaluación del siguiente ciclo (noviembre).

La decisión de otorgar la acreditación a todos los estudiantes por el solo hecho de presentarse, tendrá enormes implicaciones. Algunas razones de quienes respaldan esta decisión son que los alumnos no tuvieron la culpa de su inasistencia; que así se evita que se rezaguen en su trayectoria académica, y que las escuelas podrán nivelarlos. Coincidimos en estos objetivos, pero no en la manera de lograrlos: por el número de alumnos y la variedad de los casos, la medida generará importantes retos académicos, políticos, operativos y conceptuales. La cantidad de alumnos a quienes se promoverá de grado sin tener ningún sustento es enorme.

Una estimación gruesa nos lleva a pensar que entre 8% y 10% de los alumnos de primaria, y entre 15% y 25% de los de secundaria, estarían desvinculados de sus escuelas en el presente ciclo escolar, algunos incluso desde marzo del año pasado. Estos porcentajes representarían a entre dos y tres millones de alumnos en el país. Es una cifra impresionante.

La insuficiente conectividad, la falta de interés en las clases por radio y televisión, y la dificultad de docentes para contactar a todos sus alumnos por cualquier vía, están entre las causas de esta enorme pérdida.

Algunos estados llevaron a cabo valiosos esfuerzos para apoyar la tarea de docentes y autoridades escolares, pero al final la mayor responsabilidad recayó en los propios maestros.

Muchos de ellos lograron cosas extraordinarias: en algunas escuelas, el avance no fue muy diferente al de un año regular; en otras, por sus condiciones, resultó un gran logro que los estudiantes no abandonaran sus estudios.

Académicamente la acreditación universal es un gran reto porque los grados no corresponderán al nivel de aprendizaje de los alumnos, con aún mayor frecuencia que en años anteriores. Será un trabajo enorme para los docentes, quienes deberán reconfigurar su papel: en los hechos, las escuelas funcionarán como si fueran multigrado, en las que un docente atiende en el mismo salón a alumnos de diferentes grados. El tema se agrava ante la sensible disminución de recursos federales a los programas de formación continua y de apoyo a la gestión escolar.

También habrá muchos casos en los que pasar al siguiente grado sea especialmente complicado para los estudiantes. Por ejemplo, habrá muchos que pasen a 3er grado de primaria, uno de los más cargados de contenido, sin saber leer y escribir, pues asistieron solamente unos meses a primer grado.

Alumnos que cursaban 5º grado en 2019 pasarán directamente a secundaria, en vez de tener primero la oportunidad de concluir la primaria. Muchos más acreditarán la secundaria sin haber tenido ningún contacto con materias como biología, física o química, que solamente se repasan en un grado. Nivelarlos será un reto enorme y sus carencias académicas podrían poner en riesgo su permanencia escolar en los grados subsecuentes.

En lo político, la acreditación universal implica que la SEP se autoasignó una atribución que siempre ha sido de los docentes: calificar a sus alumnos y decidir sobre su eventual acreditación.

En el momento en que tal vez era más importante conocer el contexto de cada alumno desvinculado para saber qué tratamiento darle, una decisión central se impone a las escuelas. Por alguna razón, la SEP decidió no confiar en el criterio de los docentes ni en la autonomía escolar.

Operativamente será complejo coordinar actividades y homologar criterios en grupos extremadamente heterogéneos. Además, la acreditación automática será un antecedente para que muchos docentes sientan disminuida su autoridad para exigir asistencia y cumplimiento de tareas a sus estudiantes.

Al final, dejamos el reto conceptual que implica “conceder” la acreditación de grado a todos los alumnos aún cuando no hubiesen realizado una sola actividad en el año escolar y no muestren los aprendizajes indispensables. Si la educación la vemos como una serie de trámites que debemos realizar para conseguir un certificado que estamos obligados a obtener, debemos estar contentos porque se acorten esos trámites. Pero si la educación la vemos como un derecho y una oportunidad para las personas de aprender contenidos que consideramos esenciales para su vida personal, académica y profesional, tendríamos que exigir la plena restitución de ese derecho: quien no pudo tener actividad académica el año pasado, exigiría que se le permita tener una nueva oportunidad. Las familias tienen derecho a que sus hijos reciban todos los grados completos de la educación obligatoria y no tendrían por qué aceptar “rutas cortas”. La decisión debió recaer, más que nunca, en docentes y familias.

Tiempos extras

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) cambia de titular. Esta sustitución sólo servirá de algo si también se resuelven los problemas operativos, legales, presupuestales y otros que no necesariamente dependen de la Unidad. El reto queda en manos de la Mtra. Adela Piña, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización siempre crítica de la autoridad educativa. Tendrán la oportunidad de poner el ejemplo.

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