Las dos culturas (científicas) en México

Por Luis Reyes Galindo

Hace unas semanas se realizaron dos foros independientes de gran importancia para México, ambos dedicados a discutir el anteproyecto de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación promovido hace algunos meses por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Seis universidades públicas del país (UNAM, UAM, U. de G., UANL, UAQ y Universidad Veracruzana), tres instituciones privadas (Ibero-CDMX, Tec de Monterrey y UVM) y un centro de investigación (Cinvestav) organizaron, del 26 al 30 de abril, las “Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que demanda el futuro”. Por otro lado, del 4 al 13 de mayo se llevaron a cabo seis mesas organizadas por el Conacyt, denominadas “Foros temáticos nacionales ‘Hacia la primera Ley General en materia de HCTI en México’”. Aclaro que, cuando digo “gran importancia”, no es hipérbole.

El contexto de los foros es un período en el que, a duras penas, comenzamos a superar la parálisis derivada de la pandemia que ha causado, según los cálculos más conservadores, unas 3.5 millones de muertes alrededor del mundo, así como la disrupción de la vida familiar, social, profesional y económica de la gran mayoría de los seres humanos. Como es bien sabido, si se vislumbra el fin de la pandemia esto se debe a la apresurada carrera —centrada en los países de mayor desarrollo tecnológico— para crear vacunas efectivas. Además de las vacunas, debemos a las ciencias biomédicas emergentes las bases para definir políticas sanitarias que ralentizaron el contagio, además de la consolidación de protocolos de diagnóstico y tratamiento médico preliminares. En este escenario, México —como otros países fuera de la élite científica/tecnológica mundial— es un consumidor de tecnología y conocimiento.

En este sentido, el anteproyecto de Ley CTI de Conacyt propone como uno de sus temas centrales el “fortalecimiento de la soberanía nacional y la independencia científica y tecnológica del país”, lo cual, de cara a la pandemia, es un claro acierto como proyecto político y social. Ahora bien, cómo llevarlo a cabo es un tema por demás controvertido en la comunidad científica mexicana; así quedó evidenciado en los dos foros mencionados. Y, por supuesto, la pandemia no es el único problema en el que pueden intervenir los investigadores del país.

El primer foro —o “jornada de reflexión”— fue convocado, de manera independiente al Conacyt, por instituciones de educación superior nacionales, estatales, públicas y privadas; incluso contó con la participación de los rectores de las universidades y centros de investigación más importantes del país. Los temas tratados fueron amplios, y las discusiones fueron más allá de lo que puede cubrirse en este espacio, pero hay una generalidad que debe destacarse: tanto las ponencias como las discusiones fueron realizadas principalmente por investigadoras e investigadores nacionales en ciencias naturales e ingenierías, con una presencia relativamente menor de investigadoras e investigadores de ciencias sociales y humanidades. La conformación de las mesas es importante porque una de las novedades de la propuesta de Ley es incluir de manera explícita y central a la investigación en humanidades en el sistema de investigación nacional.

También en general, este primer foro se caracterizó por críticas fuertes y recurrentes al anteproyecto en temas puntuales. Aquí resalto la constitución de un Consejo de Estado, conformado por representantes con “voz y voto”—incluyendo al presidente de la República, la Dirección del Consejo Nacional y representantes de las Secretarías de Estado— y “con voz, pero sin voto” —representantes de la comunidad educativa y académica—. Se criticó, sobre todo, la capacidad del Consejo de establecer la Agenda de Estado que dirija (o, siendo pesimistas, defina) la investigación a nivel nacional sin una participación definitiva de la comunidad científica. El sesgo causado por la prevalencia de científicos naturales quedó en evidencia cuando algunos ponentes incluso opinaron que una agenda que dirija la investigación “básica” es contranatural a la ciencia, que frecuentemente fue planteada como “universal” y “objetiva” y sólo retóricamente vinculada con la solución de problemas sociales concretos. Tampoco ahondaré en este último punto pero, como especialista en sociología de la ciencia, me temo que esta es una posición insostenible, como lo mostró el segundo foro.

Dada su importancia, este segundo encuentro —organizado por Conacyt y extrañamente anunciado sólo al concluir el primero— fue conformado principalmente por investigadores en humanidades, con una participación menor, pero importante, de las ciencias naturales. Las opiniones fueron claramente diferentes y marcadas por el sesgo selectivo contrario: se enalteció sobre todo la inclusividad de prácticas de conocimiento más allá de las ciencias naturales —incluyendo “el diálogo de saberes, la producción horizontal del conocimiento, la pluralidad y equidad epistémicas y el trabajo colaborativo”, muy criticados en el primer foro y dignos de un mayor análisis de la que se le dio en ambos casos—. A diferencia del primer coloquio,  se aplaudió la inclusión de una agenda de investigación nacional para la solución de problemas nacionales.

A grandes rasgos, se observó una clara división. Por un lado, la investigación en ciencias naturales ve el control de la investigación “básica” como un afronte a la “libertad de investigación objetiva”; por otro lado, las humanidades —y en menor medida las ciencias sociales— se pronunciaron a favor del establecimiento de un espacio de legitimidad y de apoyo dentro de un sistema de investigación nacional más plural, que asuma un sentido de responsabilidad social ante problemas que en gran medida son sus temas de investigación. El choque no podía ser más directo y la incomprensión mutua de las diferencias disciplinares es evidente. ¿Hay entonces posibilidades para una entente?

Regresando al caso de la pandemia, ¿cómo se confrontarían estas dos visiones ante semejante reto? Por un lado, es claro que la ciencia básica es un anclaje sin el cual la rapidísima elaboración de las vacunas contra el covid-19 jamás habría sucedido. También es importante señalar que, si trazamos la historia de las vacunas y las técnicas de diagnóstico usadas durante la pandemia, éstas se remontan a investigaciones realizadas desde hace décadas sin el propósito explícito de resolver un tema tan específico como aminorar los efectos de ésta o cualquier pandemia, o incluso desvinculados de temas de salud pública más generales.

Por otro lado, constreñir la pandemia a las ciencias naturales sería un grave error, puesto que durante los últimos meses ya deberían habernos quedado claras las dimensiones sociales y culturales del reto. La elaboración de medidas sanitarias efectivas basadas en conocimiento biomédico y epidemiológico, por ejemplo, requiere además de un conocimiento profundo —sólido pero lejos de la “universalidad” a la que aspiran las ciencias naturales— de las poblaciones a las que están dirigidas. No es lo mismo elaborar campañas de difusión y control sanitario para una ciudad complejísima como la capital de un país —en la que grandes sectores de la población viven en condiciones de profundo hacinamiento y en las que la movilidad en el transporte público es un requisito para la sobrevivencia—, que para una comunidad agricultora tradicional en la que el castellano no es la lengua principal y que sufre todo tipo de deficiencias en infraestructura básica, o para un sector de clase media que antes de la pandemia, a nivel mundial, mostraba una tendencia a la transformación del espacio laboral tradicional por uno virtual y a distancia. Todos estos son temas en los que, directa o indirectamente, las ciencias sociales y humanidades tienen absoluta relevancia y en las que existe investigación seria que debería ser tomada en cuenta en la elaboración de políticas públicas.

Queda claro que ambos campos tienen injerencia sobre problemas de importancia nacional —problemas serios y urgentes— que requieren de la intervención de las ciencias naturales, sociales y de las humanidades para ser confrontados con algún grado de éxito. Al mismo tiempo, sobre todo en lo que concierne a ciertas áreas de las ciencias naturales “básicas” —que por definición trabajan lejos del espacio de “aplicabilidad”  inmediata—, la dirección de las temáticas de investigación a través de una agenda nacional no parece tener tanto sentido: la ciencia sin una “agenda” también es necesaria. Por lo tanto, la elaboración y ejecución deficiente de una agenda nacional de investigación podría afectar gravemente las formas tradicionales de hacer ciencia y destruir décadas de esfuerzos por consolidar —aquí sí usado correctamente el término— comunidades epistémicas. Sin embargo, como alguien que ha sido investigador tanto en las ciencias naturales como en las sociales y que colabora constantemente con las humanidades —y, en particular, especializado en las dimensiones sociales, políticas y culturales de la ciencia— estoy convencido de dos cosas: que las directrices a nivel nacional  son compatibles con la existencia y el desarrollo de una ciencia “no aplicada”; y que la elaboración de esas directrices no puede excluir al más alto nivel, con voz y voto, a la amplia comunidad científica y académica.

En realidad, las potencias mundiales, tanto en ciencia “básica” como en “aplicada” y en desarrollo tecnológico, siempre han sido fuertemente guiadas (que no definidas) por proyectos políticos, ideológicos y pragmáticos en todos sus niveles. Piénsese, por ejemplo, que una de las joyas de la física del siglo XX —la mecánica cuántica— comenzó su historia como la búsqueda de una solución a un problema mundano  de laboratorio con nula relevancia social obvia (el “problema del cuerpo negro”), pero su culminación en la teoría de campo cuántico sería inexplicable si ignoramos que a lo largo del siglo XX la investigación en física fue impulsada, en gran medida, por una fuerte inversión de las grandes potencias, tanto desde lo público como en lo privado, en programas sociopolíticos como el Proyecto Manhattan o la carrera científica-tecnológica-armamentista de la Guerra Fría. Inclusive, quien haya participado en la elaboración de propuestas de investigación internacionales con, o en, Estados Unidos o la Unión Europea podrá atestiguar que los criterios de “impacto” o “relevancia social”, si bien no definen agendas nacionales absolutamente, sí promueven la canalización de un porcentaje importante de financiamiento a temas prioritarios, de seguridad nacional o regional, de sustentabilidad ambiental, o de bienestar social —incluso en la ciencia básica.

Para concluir, no podemos ignorar que la presentación del anteproyecto y de los debates se da en el contexto de un gobierno que, muy desafortunadamente, ha mostrado en repetidas ocasiones el mismo tipo de centralismo y verticalidad tan criticado en el anteproyecto de Ley HCTI. A ello se le suma una retórica que constantemente manifiesta un marcado desprecio hacia “los científicos”, incluso con base en acusaciones históricas anacrónicas y, que ya en varias ocasiones, ha impuesto reformas que han afectado a actores claves de los sectores educativo, social y tecnológico, como las universidades privadas y algunos centros de investigación públicos. El anteproyecto de Ley deja claro que el Consejo de Estado propuesto tiene un poder definitivo, capaz de ignorar las voces disidentes al establecer las directrices de la ciencia y las humanidades en el país, al más alto nivel y sin dar agencia garantizada a las comunidades de investigación. Esta es la coincidencia con mayor resonancia entre las voces de ambos foros. Si bien la dirección del Conacyt expresó tras las críticas la posibilidad de cambiar el nombre de una Agenda de Estado a una “agenda nacional’”, faltará ver si es un cambio estético o de fondo en el modelo de gobernanza propuesto.

La adecuación del anteproyecto para eliminar la centralización del poder en un Consejo de Estado no representativo mostrará (o no) la supuesta vocación democrática de la presente administración y de la actual dirección del Conacyt; probablemente lo sabremos durante el siguiente período legislativo. Aunque cuando ocurrió la “filtración” de un borrador del anteproyecto de Ley todo apuntaba a su aprobación fast track sin una discusión amplia de la comunidad científica (como ocurrió, por ejemplo, con el nuevo reglamento del SNI), la organización emergente de la comunidad científica y académica ha permitido la apertura de espacios críticos tan necesarios en estos momentos de transiciones políticas.

Ilustración: Izak Peón

Fuente:

Las dos culturas (científicas) en México

 

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Las dos culturas (científicas) en México – Sarraute Educación María Magdalena

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