Con licencia para innovar

Jorge Camacho Bueno*

“El Gobierno no debe quedarse pasmado frente a la posibilidad de otro año de colapso educativo”.

En la etapa escolar, las clases presenciales son fundamentales. El problema es ver cuándo y de qué modo minimizamos los riesgos, y plantear un retorno seguro, gradual y voluntario a las aulas. Es urgente recuperar la confianza entre padres de familia, profesores y directivos de colegios, ya que en estos últimos años la comunidad educativa ha sufrido el embate de leyes y normas populistas que han generado división en su interior.

Por otro lado, al ser la realidad educativa del país tan diversa, la solución debe venir desde abajo hacia arriba, y no al revés. Ahora, más que antes, necesitamos alentar la innovación pedagógica para plantear soluciones a este retorno a clases, pero no imponiéndolas por decreto, sino permitiendo que la experiencia ganada por muchos docentes que adaptaron exitosamente su modo de enseñar durante la pandemia pueda ser reproducida en los demás colegios. Para esto, se debe dar autonomía a los directores a fin de que puedan implementar buenas prácticas educativas, rompiendo la maraña de normas y reglamentos que impiden la innovación y la creatividad.

La mentalidad legalista de estos últimos gobiernos los llevó a pensar que la calidad y la innovación se podían lograr a través de decretos. Así, tenemos, por ejemplo, al DU 002-2020, que les quita autonomía a las instituciones educativas privadas, poniendo en riesgo su capacidad de iniciativa e innovación. Esta sobrerregulación ha generado un cúmulo de exigencias que encorsetan a los colegios, haciendo que la creatividad sea perseguida. Basta con mirar el gran presupuesto en supervisiones que está gastando el Ministerio de Educación (Minedu) este año –que no hay clases presenciales–, en lugar de dirigir sus recursos a lo más urgente.

El principal derecho que se está tutelando al suspender las clases presenciales es el derecho a la vida y a la salud. El Gobierno no debe quedarse pasmado frente a la posibilidad de otro año de colapso educativo. En casi dos años de pandemia, las autoridades no han sido capaces de priorizar la vacunación de maestros y del personal que trabaja en Educación, no han dado pasos concretos para mejorar la conectividad de los alumnos a Internet, no han hecho nada por mejorar la infraestructura educativa. En marzo del 2019, solo el 37% de los locales escolares del país contaba con las condiciones para iniciar clases y aproximadamente 17.125 locales escolares necesitaban ser reconstruidos totalmente.

Si realmente nos preocupa la educación, debemos aprovechar esta ventana de oportunidad que nos brindan estos escasos meses antes de culminar el año escolar para vacunar a profesores y alumnos, y para mejorar la infraestructura escolar y la conexión a Internet. Solamente así podremos estar mejor preparados para comenzar clases en el 2022.

Perdamos el miedo a la autonomía y dejemos de lado la tentación de querer normar todo desde el Minedu. La decisión de reabrir los colegios de manera presencial o semipresencial la deben de tener los directores de los colegios por ser ellos los más cercanos a sus familias y a su comunidad. En estos años, se han promulgado normas punitivas que dictan hasta el diseño de los muebles que deben de tener las aulas. La declaración del estado de emergencia en el sistema educativo peruano es una buena oportunidad para desenmarañar al sector, derogando las leyes sobrerreguladoras y permitiendo la innovación, tan necesaria para responder con creatividad a estos nuevos tiempos.

*Educador. El autor es director general en el colegio Los Álamos.

Fuente:

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/con-licencia-para-innovar-por-jorge-camacho-noticia/

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Con licencia para innovar – Sarraute Educación María Magdalena

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