¿Un impuesto para impulsar la educación?
Por Carlos Ivan Moreno Arellano
México se caracteriza por promover derechos a la vanguardia del Siglo XXI, pero que son difíciles de materializar dado nuestro raquítico sistema fiscal.
Nuestra Constitución es reconocida como una de las más modernas en materia de derechos, sin embargo, apenas recabamos el 16% del PIB en impuestos, una de las tasas más bajas del mundo. Se “garantiza” mucho y se cumple muy poco, por ello la sociedad está tan decepcionada.
Recordemos que, desde hace 20 años, la Ley General de Educación “garantiza” que la inversión en educación superior sea de, al menos, 1% del PIB. Nunca se ha logrado; apenas llegamos a la mitad de ese mandato.
El caso de la “obligatoriedad” y la “gratuidad” de la educación superior es un nuevo ejemplo de vanguardia narrativa. Estos son, sin duda, derechos de avanzada -garantizados en la Constitución desde el 2019 y en la nueva Ley General de Educación Superior este año-, pero sin recursos para hacerlos realidad.
Por ello, en la pasada sesión de ANUIES-CUPIA, fue motivante escuchar al Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP poner sobre la mesa una idea disruptiva: crear un impuesto cuya recaudación sea etiquetada para el financiamiento de las universidades públicas. Es algo viable, tomémosle la palabra.
Van algunos ejemplos, documentados por la CEPAL: En Costa Rica, el impuesto Timbre para la Educación y Cultura, que grava el capital neto de empresas, destina 60% de su recaudación a la universidad nacional y 30% a la Universidad Estatal a Distancia. En Colombia, el 0.6% de los ingresos del Impuesto sobre la Renta está etiquetado para financiar a las universidades públicas. En Panamá, el impuesto Seguro Educativo destina 73% de su recaudación a becas y préstamos estudiantiles. Brasil, por su parte, tiene el impuesto Salário-Educação, y Uruguay el Impuesto Anual de Enseñanza, en ambos casos los ingresos se destinan al financiamiento educativo.
Con innovación fiscal, y sobre todo voluntad política, se podrían garantizar los recursos para hacer realidad las promesas de acceso universal y gratuito a la educación superior. Sería un gran mensaje de un gobierno de izquierda, progresista.
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