Por Francisca Álvarez*-Figueroa y Daniel A. Díaz**
¿Cómo abordar los crecientes episodios de violencia al interior de los colegios en Chile? La convivencia entre estudiantes y la participación de las comunidades educativas en la vida social se apoya en pautas de currículo formal e informal no siempre bien implementadas ni actualizadas, describe esta columna para CIPER de dos investigadores del área. A partir de una revisión de las últimas cuatro décadas al respecto se comparten puntos concretos de aporte al debate y las circunstancias de la pandemia.
En el retorno generalizado a clases presenciales desde inicios de marzo, diversos casos de violencia que involucran a estudiantes se han hecho presentes tanto en los espacios público como educativo. En menos de un mes se acumularon varios ejemplos con cobertura en medios: durante movilizaciones, un estudiante estuvo en riesgo vital tras ser agredido en la marcha de la Confech; hubo amenazas de masacres escolares que obligaron a suspender clases tanto en un Liceo de Quinta Normal como en otro de Valdivia; y, en Valparaíso, estudiantes amarraron y arrancaron las pestañas a un alumno de cuarto básico. Además, en un Liceo de Santiago, estudiantes fueron denunciados por compartir en un grupo de whatsapp fotografías íntimas de alumnas de otros establecimientos.
Habíamos sido testigos de múltiples hechos de violencia desde el estallido social, pero estos se acallaron durante la extensa pandemia, que obligó a adultos, jóvenes y niños a confinarse en un mundo digital ya sea mediante el teletrabajo o clases telemáticas. Hubo que acomodarse a una nueva forma de relacionarse con el otro, la cual, entre otras cosas, reveló la inequidad en materia de conectividad. De regreso a la presencialidad, el resurgir de la violencia sorprende a padres y autoridades. «¿Acaso a esos niños y niñas no se les enseña en el colegio a convivir y a resolver problemas sin necesidad de golpes?», podría preguntar cualquier observador. Creemos que la respuesta está vinculada a lo que se denomina educación y formación ciudadana.
Proponemos a continuación tres puntos que creemos relevantes en el debate:
1. El propósito de la educación cívica: a lo largo de los años el currículum en educación y formación ciudadana en Chile ha sido ajustado y reajustado. La asignatura de «educación cívica» fue creada en Chile en 1912, para más tarde ser incorporada como contenido en la asignatura de Ciencias Sociales en 1967. Durante la dictadura cívico-militar, la asignatura de «educación cívica y economía» (luego rebautizada como «educación cívica» en 1984) fue reintroducida en 1980 sirviendo variados propósitos; entre ellos, instalar conocimientos relacionados a la nueva Constitución [1]. De esta forma, y en línea con tendencias internacionales de la época, la educación cívica en Chile servía en la enseñanza de conocimientos cognitivos y restringidos al funcionamiento de poderes del Estado y a la Constitución vigente, siguiendo la línea de la llamada «ciudadanía nacional» [ver: 2, 3, 4, 5].
2. La tardía actualización y expansión de la educación cívica luego de la dictadura: tras el retorno a la democracia, se realizaron escasos ajustes en materia de educación ciudadana. De hecho, en 1997 la asignatura de educación cívica fue eliminada, e incorporada como contenido transversal al currículum educativo predominantemente a través de asignaturas del área de las ciencias sociales [6]. Fue con la reforma curricular del año 2005 que se logró avanzar desde la mera promoción de conocimientos a la incorporación formal de la promoción de habilidades y actitudes ciudadanas; entre ellas, el desarrollo de habilidades y actitudes de pensamiento crítico, participación, convivencia democrática y derechos humanos, lo cual fue expandido en los ajustes curriculares subsiguientes (especialmente, en 2012-2013 y 2019), incorporando temáticas relacionadas a la valoración por los derechos y deberes de los ciudadanos, ciudadanía activa, empatía y tolerancia, etc. [7]. Asimismo, fue en 2016 que la Ley 20.911 crea el «Plan de Formación Ciudadana» y la asignatura de «educación ciudadana» para Tercero y Cuarto Medio; en ambos casos obligatorios para todos los establecimientos educativos del país.
De esta manera, de una u otra forma el currículum y el cuerpo legislativo chileno comenzaron a avanzar hacia promover la ciudadanía a través de distintas experiencias educativas, tales como la realización de proyectos para apoyar tanto a las comunidades y al desarrollo de relaciones interpersonales y de convivencia escolar [8]. Asimismo, los diversos mecanismos de participación escolar —por ejemplo, los centros de alumnos y el consejo escolar— han sido promovidos como ejercicios ciudadanos en el espacio educativo (aunque el segundo solo opera en establecimientos que reciben aportes del Estado). Sin embargo, es cuestionable la oportunidad con que ocurrió dicho avance, considerando la necesidad evidente luego del retorno a la democracia de reaprender a ser ciudadanos y a convivir en un espacio público. Aunque la grave represión y violación de derechos humanos y civiles durante la dictadura tuvo un efecto desolador en el tejido social y en los espacios para la convivencia en sociedad, sólo luego de quince años se formalizó la incorporación de la promoción de actitudes y habilidades ciudadanas. Esto representa un retraso curricular dramático para una materia cuyo propósito es precisamente preparar para vivir, convivir, dialogar, deliberar y participar en democracia.
3. La fallida implementación del plan de educación ciudadana: en las últimas décadas, movilizaciones sociales tales como la llamada revolución pingüina llevaron a importantes reformas en materia de educación. En ese marco, y luego de múltiples demandas estudiantiles, el módulo de educación ciudadana se reintrodujo formalmente; creándose, además, el «Plan de formación ciudadana», a través de la Ley 20.911 (2016). Ambos instrumentos son recientes, pero han visto entrampada su implementación por diversos motivos, relacionados a su diseño y monitoreo en las escuelas. Actores del sistema reportaron un escaso acompañamiento técnico para traducir las orientaciones a procedimientos claros y pertinentes a la realidad de los establecimientos educativos. Asimismo, se reportó una baja articulación del Plan con otros instrumentos, tales como los planes de Mejora Educativa (PME) [9]; e incluso se registraron polémicas referidas a la censura de contenidos presentados en una de las ediciones del libro de texto para la asignatura de educación ciudadana. A todo lo anterior se vino a sumar la pandemia de covid-19 que llevó a los estudiantes a, en el mejor de los casos, relacionarse con otros a través de un computador; o, en el peor, perder todo contacto con ese entorno socioeducativo por casi dos años.
De esta manera es posible volver a nuestra pregunta inicial. Ciertamente la educación cívica (y ciudadana) no es nueva en nuestro sistema educacional. Sin embargo, el modo en que esta se ha implementado, su actualización y el alcance de los contenidos más recientemente incorporados ayudan a comprender que sus impactos y resultados sean aparentemente limitados. Por eso los desafíos siguen igualmente vigentes en su complejidad y multiplicidad; y todo mientras persista la ausencia de actividades didácticas y acciones formativas en que los estudiantes puedan relacionarse directamente, y aprender a convivir en comunidad no solo a través de las instancias formales (y virtuales) que demanda el currículum (y la legislación). A nuestro juicio, la falta de dinámicas e instancias de interacción social —el llamado currículum informal, por el que todos los miembros de la institución educativa aprenden a convivir entre sí— ha mermado significativamente los procesos de socialización. Esto puede verse agravado por el hecho de que Chile sea uno de los pocos países de Latinoamérica que no cuenta con una oferta de carrera docente en formación ciudadana, una instancia destacada por diversos investigadores como tanto o más importantes que el currículum formal para el desarrollo de ciudadanos [10, 5].
Pero, ¿cuenta nuestro sistema educacional con los dispositivos para fomentar estos aprendizajes? ¿Tienen las instituciones educativas los espacios para el ejercicio saludable de la deliberación democrática como una oportunidad de preparación para la vida en sociedad? De existir estos espacios, ¿Quiénes participan de ellos? ¿Tienen todos los miembros de las comunidades educativas igual oportunidad de participar y ser tomados en cuenta? ¿Están preparados los y las docentes y asistentes de la educación para implementar un currículum transversal que les dé espacio a la diferencia y diversidad como parte inherente de la convivencia?
En cómo respondemos a estas preguntas se jugará en parte la contribución actual y futura del sistema educativo para construir una sociedad más cívica y democrática.
REFERENCIAS:
[1] Biblioteca del Congreso Nacional. (2013). «Cuando se eliminó la asignatura Educación Cívica». BCN Minuta. Disponible online.
[2] EVERTSSON, J. (2015). «History, nation and school inspections: the introduction of citizenship education in elementary schools in late nineteenth-century Sweden», en History of Education, 44(3), pp. 259–273. Disponible online.
[3] HASTE, H., BERMÚDEZ, A. y CARRETERO, M. (2017). «Culture and Civic Competence; Widening the Scope of the Civic Domain», en Civics and citizenship, theoretical models and experiences in Latin America (editores, B. García-Cabrero, A. Sandoval-Hernández, E. Treviño-Villarreal, S. Diazgranados, y M. Pérez. Rotterdam: Sense Publishers), pp. 17-40.
[4] RIQUELME-MUÑOZ, S. (2018). «Citizenship Curriculum Development in Chile and Argentina during the 1990s and the 2000s: Patterns and Justifications» (disertación doctoral).
[5] TREVIÑO, E., BÉJARES, C., VILLALOBOS, C. y NARANJO, E. (2017). «Building Citizenship in the Schools of Chile, Colombia and Mexico: The Role of Teacher’s Practices and Attitudes», en Civics and citizenship, theoretical models and experiences in Latin America (editores: B. García-Cabrero, A. Sandoval-Hernández, E. Treviño-Villarreal, S. Diazgranados, & M. Pérez. Rotterdam: Sense Publishers), pp. 105-128.
[6] CASTRO, L., y HOLZ, M. (2016). «De la Educación Cívica a la Formación Ciudadana. Hitos, distinciones, desafíos y propuestas». Disponible online.
[7] MINEDUC. (2012). Bases curriculares 2012. Historia, geografía y ciencias sociales, 1º a 6 º básico (Santiago de Chile: Ministerio de Educación).
[8] FLORES, P. (2019). 5º básico. Historia, geografía y ciencias sociales, texto del estudiante. (Santiago de Chile: Ministerio de Educación, SM).
[9] PNUD (2018). «Estudio sobre la puesta en marcha del Plan de Formación Ciudadana». (Santiago de Chile: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
[10] PRINT, M. (2007). «Citizenship education and youth participation in democracy», en British Journal of Educational Studies, 55(3), pp. 325-345.
Francisca Álvarez-Figueroa Psicóloga PUCV, magíster U. de Liverpool. Es Investigadora doctoral en el Global Development Institute de la Universidad de Manchester. Enfoca su investigación en desarrollo internacional, análisis organizacional, gestión de la diversidad y gestión educacional para la ciudadanía y la inclusión. Desarrolla actividades académicas en la Universidad de Manchester.
Daniel A. Díaz Psicólogo. Magíster en Psicología Social PUC y magíster en Cambio Organizacional y Doctor en Políticas y Gestión de Desarrollo U. de Manchester. Realiza docencia, investigación y asesorías en gestión y cambio organizacional en organizaciones públicas, privadas y del tercer sector. Profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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