Educar: ¿para una nueva ciudadanía?

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Por M.L José Francisco Bonilla Navarro – Docente

El anuncio del Ministerio de Educación Pública sobre la eliminación de las pruebas FARO como requisito para obtener el certificado de conclusión de estudios del II ciclo de la Educación General Básica y Bachillerato en Educación Media constituye una muestra palpable del nivel de improvisación y falta de liderazgo que se viene gestando en este Ministerio desde hace ya, por lo menos, los últimos tres gobiernos.

Ninguna política educativa y menos la de un país latinoamericano debería ser tema de agenda política electorera, por no decir politiquera. Sus fundamentos deberían perseguir, ante todo, una formación académica e intelectual integral. Dista nuestra política educativa vigente de esto que afirmo, aunque en la teoría y el ornamento retórico que la reviste pretenda desmentir mis afirmaciones.

Cuando Costa Rica comprenda que no es en la «sapiencia» de los expertos internacionales ni en el exotismo progresivo de los modelos educativos europeos o de países desarrollados donde se esconden las verdaderas y genuinas claves para llevar el sistema educativo costarricense hacia adelante, muchas serán las oportunidades que se generen para tener un panorama más claro de por donde trazar las líneas de urgencia para lograr vincular la educación costarricense con las verdaderas habilidades para la vida que tanto menciona nuestra actual política educativa.

Los verdaderos expertos, las genuinas y válidas voces que se deben escuchar para obtener un panorama crítico del sistema educativo costarricense se encuentran en las aulas de los centros educativos públicos de Costa Rica. No quiero, con estas afirmaciones, generalizar: es preciso hacer una aseveración un tanto incómoda desde mi posición como docente y es que no todo educador es consciente del proceso histórico en el que se encuentra involucrado cuando se pone de pie entre treinta jóvenes y un pizarrón, con un sistema administrativo ad hoc que premia la mediocridad y desautoriza la profesión del educador. En suma, con un ambiente adverso que ha propiciado la pérdida de credibilidad en el profesor como garante de un proceso de enseñanza-aprendizaje integral y humanitario. Es el docente de todos los días, el que lidia con las contradicciones del sistema, el que se siente más administrativo que académico, el que, a pesar de las circunstancias, insiste en transformar su clase en un espacio de discusión constructivo y crítico, quien es capaz de suministrar una verdadera radiografía del sistema educativo costarricense, pues su límite no lo marca ni un escritorio ni el deseo de injertar políticas educativas ajenas a las realidades no solo costarricenses sino latinoamericanas.

Quiero evitar aquí la polarización tradicional en la que se puede enmarcar la discusión de un tema como este. No se trata, en ningún momento, de aprobar y aplaudir la continuidad o suspensión de las pruebas nacionales FARO; por el contrario, debemos apuntar hacia las consecuencias históricas, operativas y académico-intelectuales que sufriremos, en el corto plazo, por la inestabilidad e improvisación que gobiernan al ente rector de la educación pública en el país. Carecer de FARO o de cualquier otra herramienta que busque brindar un panorama actualizado tanto del sistema educativo público como del grado de formación académica integral de nuestros estudiantes es grave para los costarricenses, pues ayuda a aumentar la brecha educativa y aumenta los desequilibrios culturales y socioeconómicos de la población en general.

El Ministerio de Educación Pública debe replantear las bases conceptuales desde las cuales se construyeron los programas de estudio vigentes desde el 2017, así como los conceptos mismos de inclusión-exclusión educativas. La carga administrativa que se ha trasladado al docente aparte de ser ajena a la labor académica no solo ha desvirtuado el proceso de enseñanza-aprendizaje que se debe entablar entre el docente y el estudiante, sino que también ha propiciado las condiciones para validar un sistema de evaluación coartado por los calendarios y por la falta de coherencia entre los contenidos y habilidades de la malla curricular y las formas de evaluación.

La pandemia por Covid-19 no se puede tomar como la causa del estado actual del sistema educativo costarricense, pero sí se la puede considerar como el marco histórico-contextual en el que se acentuaron más las contradicciones y debilidades de un sistema que venía ya en decadencia. Luchar contra el tiempo para abarcar una cantidad de criterios de evaluación y poder hacer un examen, estar obligado a participar en reuniones de una gran cantidad de comités específicos creados ad hoc para efectos extracurriculares y hasta administrativos, confeccionar informes que nadie leerá solo por el hecho de que consten en un expediente son algunas de las situaciones a las que como docentes nos enfrentábamos antes de la pandemia y que tienen un impacto negativo y directo sobre una verdadera calidad del proceso educativo. Varias han sido las personas que han llegado a la silla presidencial bajo la promesa de eliminar algunas de estas situaciones que señalo, pero que no han pasado de la palabra para convertirse en hechos. Sin embargo, en este punto también debe apuntarse hacia algo penoso e improcedente: existen aquellos docentes que se escudan detrás de todas estas actividades nimias para evitar la verdadera tarea docente, aquella que impulsa la formación intelectual y académica de los estudiantes bajo el estandarte de brindar las herramientas para fortalecer el pensamiento crítico y desarrollar la conciencia sobre las circunstancias históricas que rodean a una sociedad cada vez más acéfala e individualizada.

En suma, la suspensión de las pruebas FARO, dejando de lado las discusiones (también válidas) sobre los costos económicos y la polarización descomplejizadora entre quienes aprueban o reprueban su eliminación, debería hacernos, desde nuestras trincheras como docentes, pensar y exigir al Ministerio de Educación Pública una política educativa con un norte claro, contextualizado y fuera de toda agenda politiquera y populista, cuyo centro sea  perseguir una formación académica, humanitaria e intelectual de calidad e integradora para las nuevas generaciones de estudiantes que quieran convertirse en seres humanos colaboradores con un fin primordial: construir una sociedad cada vez más altruista, ecuánime y que respete la heterogeneidad y diversidad de pensamiento. ¿Realmente es esta la nueva ciudadanía que vemos en nuestros centros educativos públicos diariamente? Se debe trabajar por un sistema que restituya el respeto mutuo entre el estudiante y el docente, que garantice tiempo efectivo de clase para pensar, discutir y argumentar, que faculte al docente como una pieza clave del proceso, librepensador y consciente de la necesidad existente de actualizarse y (re)pensarse durante la ejecución del proceso mismo de enseñanza-aprendizaje.

Fuente: https://www.elmundo.cr/opinion/educar-para-una-nueva-ciudadania/