¿Hacia dónde va el posgrado en México?
México/ 29 de septiembre de 2022/ Por Armando Alcántara Santuario/Fuente: https://educacion.nexos.com.mx/
A principios de 2020, Josefina Patiño y yo nos preguntamos en estas mismas páginas las razones por las que la Dirección de Posgrado del Conacyt no había emitido la convocatoria para nuevos ingresos al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En aquella ocasión sólo se había convocado a los programas que requerían refrendar su vigencia o que aspiraban a cambiar de nivel. Nos preguntamos si lo que estaba ocurriendo era que se preparaban nuevos criterios para evaluar la calidad de los programas de posgrado del país. En ese artículo también recordamos los tres programas a través de los cuales se habían evaluado los posgrados a lo largo de las últimas tres décadas: el Programa Nacional de Posgrados de Excelencia (1991-2000); el Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional (2001-2006), y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (2007-2021). Con base en el desarrollo de este último planteamos algunas hipótesis sobre el futuro del PNPC.
Uno de los aspectos que hicimos notar en el desarrollo del posgrado en México era el de su diversidad, pues al final de 2018 se tenían —además de los programas escolarizados— los posgrados con la industria, las especialidades médicas y los programas no escolarizados. Cabe señalar que los primeros tenían el objetivo de fortalecer la competitividad y productividad de las empresas mediante la formación de personas con un alto nivel, aptas para aplicar el conocimiento, desarrollar soluciones tecnológicas y con capacidad de innovar, así como ser interlocutores entre la industria y la academia.
Por su parte, las especialidades médicas tienen un carácter académico profesional que las diferencia del resto de los posgrados, pues en su regulación participan tanto las instituciones de educación superior (IES) como la Secretaría de Salud. A su vez, las modalidades no escolarizadas responden a una tendencia mundial y sus ventajas residen en lograr una mayor competitividad basada en la formación de personal altamente calificado mediante el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como el potencial acceso a un mayor número de personas con un alcance internacional más amplio.
Las interrogantes que nos hicimos en ese entonces sobre el futuro del PNPC y la evaluación de los posgrados surgían de las declaraciones que en aquellos días expresaba la directora del Conacyt, en el sentido de que: “México se había vuelto un gran productor de talentos especializados a nivel de posgrado que al terminar sus estudios no encontraron trabajo”. Posteriormente, al cumplirse 30 años del inicio de la evaluación de los posgrados en el Conacyt (no del PNPC, como se mencionó erróneamente en el Comunicado 266 del 4 de julio de 2021), la propia María Elena Álvarez-Buylla anunció la desaparición del PNPC y su sustitución por el Sistema Nacional de Posgrado (SNP). Este sistema, señaló en el comunicado, tenía la finalidad de mejorar dicho programa y “transitar hacia un modelo de formación e investigación en posgrados con mayor solidez epistemológica, rigor científico e incidencia social, acorde con la transformación que vive el país”. Asimismo, el cambio de modelo pretendía: “Favorecer el avance del conocimiento y mejorar la formación de nuevas generaciones de investigadoras e investigadores ponderando los principios de pertinencia científica y social, equidad de género y no discriminación”. La implementación del nuevo sistema se haría en coordinación con la Subsecretaría de Educación Superior (SES), cuya colaboración se estableció en la nueva Ley General de Educación Superior. Muy en el tono que caracteriza el discurso oficial, la directora del Conacyt subrayó que una de las principales razones para la adopción del SNP fue que:
Al igual que otras iniciativas emprendidas en el periodo neoliberal, se priorizó la visión productivista y la competencia; el centralismo y la evaluación cuantitativa de los programas, además de que se desvincularon los posgrados de la investigación en humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que necesita el país.
Además, el SNP está en consonancia con las transformaciones estructurales que ocurren en el país y se complementa con los lineamientos de política científica del Conacyt, “a través de los cuales es posible encauzar las capacidades, talentos e infraestructura para atender de forma más eficiente y eficaz los grandes retos nacionales”.
A fines de junio de este año, se hizo una presentación transmitida en Youtube en la que Álvarez-Buylla y el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, plantearon de un modo muy general las bases del registro de los programas inscritos en el SNP. La directora del Conacyt indicó que en el nuevo mecanismo serían las universidades, las IES y los centros públicos de investigación (CPI) los que se harían cargo de sus programas y del aseguramiento de su calidad. Anteriormente esta función la realizaba el Conacyt a través del ahora extinto PNPC. Asimismo, señaló que la validez de los programas nacionales de posgrado quedaría a cargo de la SES, en la Dirección General de Profesiones. Agregó, además, que todos los programas acreditados por el desaparecido PNPC podrían registrarse en la plataforma del SNP, lo cual también facilitaría que los estudiantes de dichos programas solicitaran una beca sin necesidad de intermediarios.
Para Álvarez-Buylla, en el modelo anterior, la asignación de becas nacionales estaba vinculada a la pertenencia del programa de posgrado al PNPC y ello provocaba distorsiones y situaciones de exclusión de ciertas áreas del conocimiento como artes y humanidades. Ahora, en cambio, se plantea que la asignación de becas se realice de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y mediante criterios de inclusión. Con el procedimiento nuevo se pretende que el área de conocimiento que los estudiantes seleccionen no sea un obstáculo para conseguir un apoyo del Conacyt. Ello favorecerá, de acuerdo con ella, una elección del programa de posgrado por vocación y no sólo por motivos económicos.
En la misma presentación, el subsecretario Concheiro expresó que el cambio anunciado pretende simplificar diversos procedimientos para avanzar en un cambio de paradigma, no solamente administrativo, sino en la forma de concebir la evaluación y la acreditación de la educación superior en el país. Aseveró que es indispensable e imperativo reemprender los planteamientos conceptuales y de procedimiento para el tránsito de “una evaluación punitiva, mercantilizada y competitiva”, que genera diferencias y segmentación entre las IES, hacia procesos de “autoevaluación y evaluación con fines diagnósticos, formativos e integrales”. Agregó que el Conacyt sería el que clasifique los programas de posgrado registrados en el SNP por medio de categorías y subcategorías, estructurales y estructurantes según su orientación: posgrados de investigación o profesionalizantes. Concheiro añadió que que se espera los objetivos de los cambios anunciados se logren en el corto plazo, los cuales buscan estimular y fortalecer la formación de los nuevos científicos e investigadores que el país requiere para favorecer el desarrollo integral de México y que también incidan en el avance del conocimiento y sean de beneficio para el pueblo mexicano. Además, subrayó que la meta será garantizar la cobertura universal de becas para estudiantes admitidos e inscritos en posgrados públicos, orientados tanto a la investigación y en todas las ciencias, humanidades y artes, así como a los profesionalizantes en las áreas de la medicina y ciencias de la salud. Añadió que se pretende buscar la colaboración con la industria a través del SNP para apoyar la formación de profesionistas y tecnólogos que fortalezcan ramas estratégicas del país.
Este golpe de timón a los mecanismos y procedimientos con que se valoraban los programas de posgrado en el extinto PNPC representa, sin duda, un reto enorme para la actual administración del Conacyt y la subsecretaría de Educación Superior. Hasta ahora solamente hay indicaciones generales que tendrán que plasmarse en una reglamentación clara y eficiente. Habrá que ver si en la realidad la implementación de las nuevas medidas redunda en una verdadera simplificación de los procedimientos administrativos, tanto para el registro de los programas como para las gestiones de solicitud, otorgamiento, ministración y renovación de las becas. Pero, sobre todo, la mayor preocupación y expectativa radica en si los nuevos mecanismos podrán asegurar la calidad de los programas y la solidez en la formación académica de los especialistas, maestros y doctores. Garantizar la calidad —palabra que es sinónimo de “neoliberalismo” para el actual gobierno— o la excelencia —término preferido para la “mejora continua”— debe ser un compromiso permanente, además de la equidad y el combate a la desigualdad. De poco sirve otorgar más lugares en la educación superior y, en este caso, en el posgrado, si las condiciones de infraestructura y la formación carecen de un adecuado respaldo financiero para que los procesos de enseñanza y aprendizaje permitan desarrollar el potencial que la formación científica persigue en todas las ramas del saber.
Por último, también persiste la inquietud de si habrá tiempo suficiente en lo que resta de este sexenio para que los cambios se implementen y se puedan ver sus resultados. Esta inquietud no es gratuita, sino se deriva de los retrasos, improvisaciones y descuidos, que el actual gobierno, junto con las cámaras legislativas, han tenido en la aprobación de algunas leyes y reglamentos, entre los que destaca la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ojalá que el futuro no nos alcance.
Armando Alcántara Santuario
Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE)-UNAM y miembro del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior (PUEES).
Ilustración: Gonzalo Tassier
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