Los nuevos laberintos oscuros del SNI
Por Wietse de Vries
La nueva forma de evaluar del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es un desastre en términos de buen gobierno y se presta a múltiples demandas legales. El desastre se debe a la decisión de combinar dos criterios de evaluación: el desempeño científico del investigador o investigadora y los déficits financieros del SNI.
Para evaluar el desempeño están los criterios de siempre (las publicaciones, patentes, tesis supervisadas, docencia, entre otros) y se asignan cuatro categorías: candidato, niveles I, II y III. Los criterios han sido tema de debate y —últimamente— ha habido criterios nuevos dudosos, como la aportación al desarrollo comunitario o la solución de problemas nacionales. Aun así, son ampliamente aceptados por las y los postulantes.
El déficit financiero agrega este año un nuevo criterio. Dentro de cada categoría, los evaluadores deben asignar tres niveles de prelación: A, B y C. Los del alto nivel recibirán —según ha trascendido— reconocimiento y financiamiento, los medianos sólo nombramiento, los más bajos ni reconocimiento, ni estímulos. Si esto se cumple al pie de la letra, implicaría que este año dos tercios de los evaluados se quedarán sin apoyo financiero y un tercio sin absolutamente nada; serán dados de baja. Los criterios para efectuar la prelación no han sido publicados hasta la fecha, aunque la evaluación ya está en marcha.
La tensión entre la necesidad de apoyar a la comunidad científica en su labor y las restricciones presupuestarias ha estado presente desde el inicio del SNI. En efecto, el SNI se creó con esta lógica: durante la crisis económica de los ochenta no se podía aumentar los salarios a todos y se optó por rescatar a un grupo pequeño de investigadores altamente productivos con un estímulo. La misma lógica se aplicó posteriormente a otras políticas gubernamentales, como los estímulos a la docencia o la asignación de recursos extraordinarios a las instituciones de educación superior públicas.
El efecto de estás políticas ha sido la creación de élites. No se trata de un efecto perverso o colateral imprevisto: el punto de partida fue y sigue siendo que el presupuesto sólo alcanza para pocos. Sin embargo, desde el inicio de la actual administración, varios funcionarios han señalado que es lamentable que exista una élite bien remunerada y han emprendido acciones para modificar los criterios.
En todos los casos, las políticas empezaron a toparse con techos financieros alrededor de 2015. El problema consiste en que cada vez hay más personas e instituciones que reúnen los requisitos para ingresar, frente a un presupuesto cada vez más reducido, una situación que empeoró por la política de austeridad del actual gobierno. Frente a la insuficiencia financiera, la respuesta ha sido la cancelación de casi todos los recursos extraordinarios. Asimismo, está en veremos la política de estímulos a la docencia ya que su reglamentación señala, desde el inicio, que el programa únicamente aplica si alcanzan los recursos. Otras políticas más recientes siguen la misma lógica: la educación superior será gratuita y obligatoria si el presupuesto lo permite. Faltaba entonces ajustar al SNI.
A todas luces, la prelación es una estrategia para ajustar el padrón del SNI al presupuesto. Como tal, no intenta hacer al Sistema menos elitista. Más bien, la consideración es que la élite ha crecido tanto que ya no cabe en el presupuesto. En tiempos de austeridad, sólo nos alcanza para una élite más pequeña, alrededor de un 33 % del padrón actual. Sin embargo, no desaparecieron por completo las ideas antielitistas. El oficio del SNI del 3 de octubre de 2022 señala que la prelación, además de los criterios establecidos (pero no publicados), “atiende el objetivo de cerrar las brechas de género, regionales e institucionales al interior del Sistema Nacional de Investigadores”.
Con eso, el Sistema se abre a nuevos tipos de demandas. Anteriormente, uno podría apelar el dictamen porque en la evaluación no se consideró un libro de una editorial reconocida. Ahora se abre la posibilidad de protestar por discriminación. Al respecto, la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, aprobada en 2003 y actualizada en 2022, prohíbe discriminación por género, raza, preferencia sexual, condición social, económica, etc. Sin embargo, señala en el Artículo 5.°: “No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos”. Y justo eso es el problema de la prelación: se abre la posibilidad de incluir a personas en desventaja, pero en menoscabo de derechos de otros. El nuevo reglamento del SNI podría haber considerado estímulos adicionales a personas en desventaja (una previsión que ya existe para personas investigadoras que laboran fuera de Ciudad de México), pero no puede excluir a unas para beneficiar a otras.
Mientras esperamos la solución de estos asuntos en los tribunales, como ya lograron exitosamente los investigadores de instituciones privadas, no queda más remedio de adecuarnos a las reglas vigentes para las próximas evaluaciones. Como investigadores hemos sido muy exitosos en adaptarnos: ya somos más de 30 000. Pero ajustarnos a las nuevas reglas se antoja difícil.
Enfrentamos ahora un sistema sumamente complicado. Como la prelación aplica para cada categoría, el nuevo sistema de evaluación tendrá 12 niveles, pero estos niveles dejaron de reflejar una escala progresiva en distinción o estímulos. Con esto se interrumpe la relación entre desempeño y reconocimiento. A modo de ejemplo, un investigador o investigadora que reúne requisitos para la categoría más alta —III— puede ser calificado de mediana o baja prelación y no recibir los estímulos asociados al SNI. En cambio, su colega menos productivo que alcanzó el nivel I puede recibir alta prelación y todos los beneficios monetarios que conlleva el sistema.
Con ello el proceso se vuelve sumamente azaroso y cada futuro postulante se enfrenta con un sinnúmero de disyuntivas. Cada una tendrá que autoevaluarse críticamente y preguntarse no sólo para qué categoría alcanza su productividad, sino en qué nivel de prelación quedaría tentativamente. Puede ser que las publicaciones aseguran un nivel II, pero de mediana prelación, entonces ¿no sería mejor no someter todo lo publicado y quedarse en el nivel I con alta prelación? ¿Conviene hacer —o simular— un cambio de adscripción o de género? ¿Qué posibilidades de reingreso tengo realmente para renovar en el nivel III si soy hombre y trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM?
Con esta última reforma, el SNI dejó de ser un sistema que apoya a la productividad científica. Producir más puede ser castigado con la exclusión y solicitar una promoción es sumamente arriesgado. Más bien, se debería abrir la posibilidad para los candidatos de postularse a un nivel inferior, para asegurar el nombramiento con pago. Tal como parece, de aquí en adelante, cada investigador tendrá que señalar en su curriculum vitae algo como: soy SNI nivel III, pero de prelación C. Es decir, alcancé el nivel, más no el reconocimiento, ni el estímulo. Creo que resolví la conjetura de Collatz —conjetura matemática que no ha sido resuelta desde 1937— pero me perdí en el laberinto oscuro del SNI.
Wietse de Vries
Profesor-investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Ilustración: Fabricio Vanden Broeck
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