Por: Gustavo Rojas *

Liderar un sistema educativo es siempre una tarea compleja y desgastante. Pero aceptar semejante responsabilidad, tras terminar un episodio de trauma social tal como el de la pandemia, multiplica exponencialmente la dificultad del reto. La Secretaria Graciela Domínguez Nava ha aceptado el cargo que hoy detenta dando muestra de valentía cívica y de compromiso con el proyecto político del que forma parte. En parte por esto, y en parte por su pasado como líder de la anterior legislatura, se puede entender el tono principalmente cordial y amistoso hacia ella y hacia su gestión en la comparecencia realizada el pasado 27 de enero en el Congreso de Sinaloa.

A pesar de la ausencia de momentos de exigencia social o de cuestionamiento de alto rigor técnico por parte de diputadas y diputados, la reunión de trabajo sirvió para reconocer que la existencia de una crisis educativa comienza a ser tomada en serio por la autoridad educativa local. En el bosquejo estratégico que comienza a delinearse, tiene especial protagonismo resolver las necesidades de infraestructura de los planteles escolares. Y también aparece como urgente atender lo que se llamó en repetidas ocasiones -paradójico para un Congreso de mayoría morenista- problemas con la calidad educativa.

Dejando sutilezas discursivas de lado, la intervención inicial de la Secretaria Domínguez partió haciendo exposición de las formas en las que la administración encabezada por Rubén Rocha Moya comenzó a hacerse cargo de la demanda de mejoras a los edificios escolares. 18 millones de presupuesto estatal para atender 360 escuelas entre enero y abril 2022. En total, más de 457 millones de inversión en infraestructura, de los cuales más de 158 provinieron de fondos estatales. Focos concretos, energía eléctrica en 190 planteles. Y para el 2023, prioridad a mejoras en techos y sanitarios.

Por otra parte, se presentaron datos relacionados con la tarea de dar respuesta a la reactivación educativa postpandemia. Primero, se expusieron los porcentajes concretos de asistencia para el año 2022. 94 por ciento en preescolar; 96 por ciento en primaria; 86 por ciento en secundaria. Luego, se dieron a conocer las estrategias de foco principalmente académico y socioemocional, tanto de origen federal como local, que se están llevando a cabo en las escuelas en Sinaloa. E inclusive, se llegó a adelantar la proximidad de resultados de evaluaciones diseñadas por la Mejoredu que permitirán contar con datos de diagnóstico sobre cómo avanza el aprendizaje de los estudiantes.

Estos puntos no fueron los únicos en la exposición inicial, ni tampoco durante la sección de preguntas y respuestas. Pero son destacados en esta columna porque tienen el potencial de servir como cimientos para que, con la claridad estratégica que el programa sectorial de educación no logró brindar, Sinaloa pronto cuente con una ruta de acción para responder cabalmente a una crisis que amenaza el porvenir de toda una generación.

¿Qué falta para una estrategia integral?

Lo primero es decir que se requiere tanto de la gestión del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo estatales. Respecto a las necesidades de infraestructura, aún falta contar con una estimación del total de inversión que costará responder a las necesidades urgentes de los planteles. Con este horizonte se podrá programar a mediano plazo la inversión estatal necesaria para complementar el recurso federal asignado año con año, además de apalancar recursos del sector privado. Y también, incluir en la legislación local presupuesto para poder apoyar a las escuelas con fondos recurrentes para su mantenimiento.

En esta dimensión, el ISIFE es clave y no se entiende que no haya comparecido su titular, Hugo Echave Meneses.

Lo segundo es profundizar el conocimiento que se tiene de las consecuencias educativas de la crisis generada por la pandemia en el aprendizaje, bienestar y abandono escolar. El anuncio de la utilización de los diagnósticos de la Mejoredu es una buena noticia. Pero falta conocer de qué manera los 9 programas estatales de recuperación de aprendizaje responderán a ese diagnóstico, qué objetivos concretos y medibles de mejora educativa podrán alcanzarse y quién los medirá. En este punto, es conveniente rescatar uno de los elementos positivos del programa sectorial, que plantea la posibilidad de crear un órgano estatal de evaluación para la mejora educativa. Labor que la comisión de educación del Congreso debiera considerar de máxima prioridad este 2023.

Este segundo punto incluye la importancia de tomar con muchísima más seriedad técnica y metodológica la acreditación de la inexistencia de un problema de abandono escolar de consideración. Medir el abandono escolar atribuible a la pandemia implica dar seguimiento estudiante por estudiante, CURP por CURP, a la totalidad de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019-2020 y a todos los que se han matriculado desde entonces. A través de una herramienta llamada análisis de cohortes y el cálculo de la tasa de abandono total -obtenida mediante la utilización de datos de ingresos y egresos de estudiantes en ciclos escolares consecutivos- son las únicas formas rigurosas de acreditar qué grado de abandono escolar realmente afecta a Sinaloa.

Y por último, la construcción de un presupuesto educativo más robusto y la eficiencia y eficacia de su utilización no pueden ser pasados por alto. Ser un país de tercer mundo es tan sólo una mala jugada retórica para evitar una respuesta plausible para no justificar por qué en la actualidad se invierte menos en educación básica que hace diez años atrás. La desaparición del articulado de políticas educativas y de programas como Escuelas de Tiempo Completo obliga a que programas de alta inversión, como La Escuela es Nuestra, tengan una articulación virtuosa con las necesidades educativas locales que no puede ser dejada al azar.

*Director general de Mexicanos Primero Sinaloa.

Fuente:

https://revistaespejo.com/reflexiones/cronica-de-un-ano-dificil-para-la-educacion/