Consideraciones sobre la propuesta de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación
Por María de la Luz Inclán Oseguera
En primer lugar, quisiera llamar la atención de nuestros representantes a atender y evitar que se consumen los riesgos que la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación ponen a la libertad académica, la autonomía de los centros públicos de investigación y los derechos a ejercer ambas de las futuras generaciones.
Quiero señalar tres puntos que ejemplifican estos riesgos y que en el CIDE identificamos gracias a las mesas de diálogo sobre la iniciativa de ley que se llevaron a cabo de manera virtual con el apoyo del Sindicato del Personal Académico del Centro (Sipacide) —el 17 de febrero de este año— debido a que ni el Conacyt, ni las autoridades del CIDE apoyaron la organización del evento, ni fuimos invitados a participar en las consultas organizadas por el Conacyt. Aquí se pueden consultar las memorias del evento (fueron entregadas a la Comisión de Ciencia y Tecnología).
Además, expertas y expertos del CIDE en la materia elaboraron un documento detallado que se puede consultar (que también fue entregado a la Comisión), sobre todos los riesgos que la iniciativa de ley pone al desarrollo científico y tecnológico del país. El análisis es minucioso y atiende a todas las trampas que los artículos transitorios ponen a la misma ley. Las consecuencias en la práctica de dichos artículos violan no solamente el principio de la racionalidad legal que la administración pública requiere, sino que contradicen los propios objetivos de la ley. Cito tres ejemplos.
Primero, con relación a la autonomía de los centros públicos de investigación: la homologación normativa que se propone no corresponde a la diversidad de las funciones o actividades que realizan los diferentes centros de investigación. Aún más, limita sustantivamente la voz de las comunidades académicas en el diseño normativo de aspectos fundamentales para su vida interna. Lo que ha ocurrido recientemente en el CIDE —la anulación de los órganos colegiados para volverlos sólo espacios consultivos, la pérdida de representación de las comunidades académicas, y la creciente verticalidad y discrecionalidad en la toma de decisiones— se volverá la norma para todos los centros públicos. Más importante aún es que muy por el contrario a los argumentos que han señalado que la iniciativa de ley no viola la autonomía de gestión, las consecuencias del ultimátum que se establece para la homologación normativa fuerza a los centros públicos de investigación a ceder su poder de decisión al Conacyt. Esto me lleva al segundo punto.
Al homologar las normativas de los centros públicos de investigación se coarta la libertad académica de los profesores, investigadores y estudiantes. ¿Por qué? Porque la ley dice que sólo se apoyará aquella investigación que se ajuste a los Programas Nacionales Estratégicos. Toda persona que no dedique su investigación —en el caso de investigadores—, su docencia —en el caso de profesores—, y su interés —en el caso de estudiantes— no tendrá apoyo para llevar a cabo estas actividades y así poder ejercer su derecho humano a percibir los beneficios de desarrollo humano, científico, tecnológico y de innovación que la iniciativa de ley tiene como supuesto objetivo. Quiero enfatizar que el problema central aquí no es sólo que se coarte la libertad académica de toda la comunidad científica, sino que deliberadamente se restringe la posibilidad de abrir nuevas áreas de conocimiento o innovar tecnológicamente en sectores que no consideren prioritarios los funcionarios que estén sentados en el Consejo Nacional, que además de todo, no tiene participación de integrantes representativos de la comunidad científica. Por definición, no sabemos cuáles serán las nuevas fronteras del conocimiento en dos años, ¿por qué esperamos que políticos y funcionarios puedan definirlas para todo un país diverso y complejo como México? Justo una de las virtudes del modelo de los centros públicos de investigación es su diversidad, su operación descentralizada y su conexión con realidades locales específicas.
Finalmente, con relación a los derechos laborales de los trabajadores de los centros públicos de investigación. Falsamente se ha dicho que la iniciativa de ley no los viola, sin embargo, una vez más, al analizar a detalle la iniciativa, una se encuentra, por ejemplo, que mientras los derechos laborales del personal actual de los centros estarían protegidos de posibles violaciones, no será así para el personal de nuevo ingreso para quien la nueva normativa aplicaría. Otro ejemplo se encuentra al analizar que los nuevos profesores investigadores no podrían ejercer su libertad académica y de investigación por ser considerados empleados federales, los cuales deben seguir la normativa de la administración pública federal y no la normativa que debe regir a las instituciones académicas y de investigación en donde se prioriza la creatividad, la libertad de pensamiento, la curiosidad de investigación y no el acatamiento a órdenes burocráticas.
El personal académico de los centros públicos de investigación, efectivamente, puede serle muy útil al Estado cuando se le apoya libremente a llevar a cabo su labor de inventiva, no cuando esta está sujeta a reglas centralizadas. Al supeditar la innovación a una planeación centralizada por definición se limita la capacidad inventiva. No olvidemos, además, que estas mismas consecuencias negativas tienen a su vez implicaciones en el desarrollo humano de la población.
Cierro pidiendo a los representantes legislativos a considerar con seriedad las propuestas y preocupaciones que de estos foros emanen. El parlamento abierto no consiste en foros donde quienes participamos somos escuchados, sino en espacios donde las nuevas ideas son valoradas y las propuestas inciden en los debates legislativos. Quiero llamar su atención a considerar como serán recordados al hacer historia con su voto en el pleno. Espero que decidan no ser recordados como aquellos que en otras latitudes y en otros contextos políticos han avasallado la opinión de científicos cuando llamaron la atención a las funestas consecuencias que la planeación central trae al desarrollo científico y tecnológico del país y por ende económico del país. En Hungría, en Turquía, en Florida, en Nicaragua ahora mismo se está acometiendo contra la libertad académica en pos de la concentración del poder y de silenciar a quien no repite el discurso de los poderosos. Ustedes, señoras y señores legisladores, no quieren estar en esa lista negra.
Por lo tanto, tomen en cuenta que el récord de la votación en el pleno dejará evidencia de los nombres que con su voto decidieron por fomentar o destruir el desarrollo científico y tecnológico con libertad académica y autonomía de investigación que propicie el desarrollo humano y la innovación. Las futuras generaciones pagarán los errores que se cometan hoy.
María de la Luz Inclán Oseguera
Profesora Investigadora de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
Intervención en parlamento abierto organizado por las Comisiones unidas de ciencia y educación en la Cámara de Diputados el 29 de marzo de 2023.
Fuente:
Consideraciones sobre la propuesta de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación
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