La última frontera educativa: infancia y crisis humanitaria en el Soconusco
Por Flor Marina Bermúdez Urbina y Arturo Gerardo Ruiz Utrilla
La última frontera de México es uno de los puntos de convergencia de mayor migración infantil en el país. En la crisis humanitaria de 2014 se reportó un aumento alarmante de niñas, niños y adolescentes (NNA) que viajaban sin compañía; muchos de ellos fueron deportados en la frontera con Estados Unidos. Entre 2018 y 2019, con la flexibilización de las pautas migratorias en México y el discurso de puertas abiertas, se favoreció la llegada masiva de migrantes de todo el mundo, lo que colapsó la frontera sur de México y, en particular, a la ciudad de Tapachula, Chiapas.
En los últimos cuatro años, México ha reportado 120 000 NNA en situación de migración; en su mayoría se trata de menores provenientes de Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua. Según cifras de Unicef, sólo en 2019 se reportó el paso de 52 000 NNA migrantes por México, de los cuales el 23 % transitaba sin compañía.
En los últimos años, Tapachula se ha convertido en un caleidoscopio cultural; se trata de una ciudad desbordada por la movilidad poblacional y las solicitudes de asilo que van en aumento. La crisis surge de un incremento en la demanda de servicios de la población migrante, proveniente principalmente de centro y Sudamérica y que permanece durante meses o años en la ciudad en espera de la resolución de su situación migratoria. Esta problemática humanitaria se ha acrecentado ante la indiferencia de autoridades municipales y estatales, quienes han prestado escasa atención a las necesidades de las infancias migrantes, población en riesgo que crece día con día.
En su paso por nuestro país, la niñez migrante está expuesta a diferentes tipos de riesgos. La explotación laboral, el tráfico sexual, el consumo de drogas o la violencia social son tan sólo algunos de los aspectos más alarmantes que atizan la experiencia de habitar una ciudad desbordada en todos los sentidos. La emergencia generalizada de las poblaciones migrantes en la frontera sur de México es el reflejo de la desigualdad, la pobreza y la violencia que impera en Centroamérica.
Si bien es cierto que las legislaciones nacionales y las políticas establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) instan a supervisores y directores de los centros educativos de educación básica a permitir a las infancias en condición de movilidad inscribirse e integrarse a los planteles educativos, no existen mecanismos ni normatividades claras que regulen procesos como la inscripción, las evaluaciones y los cambios de planteles cuando las familias permanecen en diferentes municipios durante un periodo corto de tiempo.
En meses recientes, hemos recorrido distintos planteles educativos en Tapachula y hemos conversado con profesoras y directoras de varias escuelas de los niveles de preescolar en la región; ellas constatan la existencia de una presión por parte de la SEP para aceptar a niñas y niños migrantes dentro de sus aulas. Sin embargo, en el nivel de educación preescolar el sistema de inscripciones únicamente permanece abierto durante el mes de enero de cada ciclo escolar. Después de este periodo las niñas y los niños no pueden recibir un certificado escolar; si bien existe la indicación de no negar el derecho a la educación y que los menores sean aceptados en calidad de “oyentes”, a estos se les atiende como a las demás niñas y niños, pero no están inscritos ni aparecen en ninguna estadística oficial.
La aceptación tácita de infantes en las escuelas, sin protocolos claros de atención, ha puesto en jaque a directoras y maestras, ya que los niños y las niñas que no cuentan con registro en el sistema educativo nacional no pueden acceder a los servicios públicos de salud con los que cuentan los planteles educativos. Por esta situación, ante cualquier incidente escolar, la responsabilidad inmediata recae en los docentes y directivos. Esta invisibilización en los registros oficiales escolares los coloca en una situación de vulnerabilidad ante la violencia intrafamiliar, la explotación laboral y la exclusión, ya que no cuentan con condiciones favorables para avanzar hacia grados escolares superiores y acceder a los derechos mínimos educativos.
La falta de regulación legal sobre las infancias migrantes en los centros educativos de la frontera ha generado reacciones negativas también entre el personal docente, quienes se resisten a aceptar a las niñas y los niños migrantes ante la falta de garantías para su estancia en las escuelas. En tanto, la presión sobre la incorporación de las infancias migrantes no sólo proviene de las autoridades educativas sino también de organizaciones civiles e internacionales como el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) y Save the Children, entre otras organizaciones no gubernamentales presentes en la región.
Desde la pandemia, las escuelas públicas del sistema educativo nacional en la frontera sur de México enfrentan múltiples precariedades, como el escaso mantenimiento en las instalaciones, la falta de insumos educativos, el reemplazo de personal fallecido o la contratación de nuevos maestros que atiendan el incremento de matrícula. Con esas contradicciones la situación de vulnerabilidad no solamente afecta a niñas y niños migrantes, sino también a docentes y directoras.
Las crisis económicas familiares han acrecentado también la deserción escolar y la migración de familias locales. Es claro que la ausencia de un programa integral para las infancias migrantes es un problema que requiere atención urgente.
Desde el año 2018 las caravanas migratorias han modificado la dinámica de movilidad, se ha identificado un cambio en el perfil de las personas que migran, con mayor tránsito de familias completas. Estas familias que han iniciado procesos de ciudadanización en Tapachula y en otros municipios del Soconusco, han emprendido diferentes procesos para ser integrados a la dinámica de la ciudad, reclaman una intervención gubernamental integral que les permita acceder al derecho a una educación de calidad.
Por esta razón, es preciso reconocer las paradojas en que las instituciones educativas atienden el derecho universal a la educación en nuestro país. Como es sabido, México ha suscrito compromisos ligados al respeto y vigilancia de los derechos humanos; este es un reto que requiere atención urgente y que es un desafío insoslayable para todos los municipios de la frontera sur de México.
Ilustración: Belén García Monroy
Flor Marina Bermúdez
Investigadora Cesmeca-Unicach
Arturo Ruiz Utrilla
Investigador Conacyt, Cesmeca-Unicach
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La última frontera educativa: infancia y crisis humanitaria en el Soconusco
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