Entre una iniciativa autoritaria y un Legislativo cómplice
Por Fausta Gantús
En la “definición y diseño de la política pública y de sus instrumentos”, la iniciativa de Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación exhibe sus visos más autoritarios. Las leyes, reglamentos y estatutos con los que contamos hoy en la vida académica y especialmente en los Centros Públicos de Investigación adscritos al Conacyt, también lo son. En efecto, se trata de instrumentos legales que centralizan las decisiones de la vida de la comunidad en las figuras de quienes dirigen o presiden las instituciones. Pero, precisamente contra eso se ha venido combatiendo durante décadas, demandando y logrando —al menos— la creación e instrumentación de cuerpos consultivos y deliberativos en los que se expresen las voces de quienes conforman las instituciones con la finalidad de que sean escuchadas, consideradas y tomadas en cuenta.
En efecto, la batalla sostenida consistentemente durante lo que va de la presente centuria ha sido por abrir espacios, por volver los gobiernos de las instituciones más inclusivos y, sobre todo, más democráticos, más plebiscitarios, más horizontales y menos verticales. Avanzando en ese sentido, desde hace muchos años estamos reclamando y propugnando porque esos cuerpos no sólo sean deliberativos y consultivos sino que tengan también voto, que participen de y en la toma de decisiones. En ese punto estamos ahora y es en esta coyuntura en la que el Poder Ejecutivo presenta una iniciativa con la cual pretende retrotraer la vida institucional al siglo pasado. Y no estoy exagerando. Librar estas batallas para cambiar la organización reglamentaria y democratizar la vida institucional es un proceso que corre aparejado con el logro de la alternancia partidista en el Poder Ejecutivo —especialmente la Presidencia de la República— y un sistema de pesos y contrapesos partidista en el Poder Legislativo.
No quiero politizar, pero como historiadora me veo obligada a considerar y analizar los contextos, los hechos y los procesos para entender la realidad. La pérdida de municipios y gubernaturas y finalmente de la Presidencia por parte del partido hegemónico en el año 2000 y la consolidación del equilibrio en las cámaras de representantes impactó positivamente —por eso votamos entonces y de nuevo en el 2018, por el cambio—, como era deseable, en la vida de la sociedad mexicana en múltiples sentidos y ámbitos porque fracturó estructuras de poder y abrió los espacios para transformar un sistema anquilosado por la inercia de pactos de complicidad en un sistema vivo en el que la voz ciudadana, en el espacio público, y la voz de la colectividad, en los espacios institucionales, pudiera escucharse.
Así llegamos a este momento en el cual, frente a un movimiento constante y progresivo de demanda de derechos, de búsqueda de apertura e inclusión, de democratización de la vida interna de las instituciones dedicadas a estas materias (humanidades, ciencia, tecnología e innovación), lo que hace la iniciativa de ley presentada por el Conacyt es fortalecer la verticalidad y el centralismo, desestimar la participación de las y los integrantes en la junta de gobierno y debilitar la vida colegiada.
¿Por qué demandamos apertura e inclusión en los diversos órganos de gobierno y participación en la toma de decisiones? Por un motivo: defender la libertad que la labor que realizamos exige. Nosotras y nosotros tenemos la responsabilidad de generar nuevos conocimientos y transmitirlos a las siguientes generaciones; tenemos la obligación y el compromiso de formar a las y los jóvenes y esa tarea no puede cumplirse si no tenemos garantizado el ejercicio del pensamiento crítico, la autonomía de investigación y la independencia de cátedra. Una junta de gobierno conformada por secretarios de estado y representantes del ejército y la marina supone la supeditación de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación al criterio y las decisiones de las autoridades gubernamentales en turno.
No voy a discutir el contenido de los artículos diseñados en ese sentido, el del control autoritario, pues ya se ha hecho en otras comunicaciones dirigidas por distintas instituciones y colectivos a la Cámara de diputados y diputadas, en publicaciones en los medios y en intervenciones en el recinto legislativo. Por lo tanto, sólo mencionaré los artículos que, en mi opinión, deben revisarse y corregirse para ampliar la democracia institucional: artículo 11, relativo a la libertad académica y de investigación; los artículos 64, 65, 68, 69, 70, 88, 89, 93 y 94, relativos a la vida académica, la junta de gobierno y los órganos colegiados; y el artículo 80, relativo a la autonomía de los centros públicos.
La inconformidad de una parte sustantiva de la comunidad académica ante varios aspectos de la ley condujo a que la Cámara de representantes se comprometiera a realizar siete foros sobre temas prioritarios de la misma antes de que la iniciativa fuera discutida y votada en el pleno. Sin embargo, desde entonces ya se rumoraba que la ley “se aprobaría” antes de que terminara el actual periodo legislativo. Lamentablemente, unos minutos antes de publicar este texto, el proyecto de dictamen de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación se aprobó en lo general después de una sesión maratónica en la Cámara de Diputados. Ahora toca la aprobación en el Senado de la República. Cabe preguntarse si también buscarán aprobarla en fast track. Esperamos que los senadores no incurran en el mismo error.
En el presunto proyecto aprobado —digo presunto porque aún se siguen discutiendo las reservas y esperamos la publicación final de la minuta que llegará al Senado— cambiaron los numerales de los artículos de la iniciativa que he anotado. Se trata de los 12 (sobre la Agenda Nacional y la planeación estratégica y participativa), 68 (sobre la Junta de Gobierno), 69 (atribuciones de la Junta de Gobierno), 72 (sobre el Órgano Interno Consultivo), 74 (de la persona titular de la Coordinación del Órgano Interno Consultivo), 84 (otorgamiento, únicamente, de la autonomía técnica y de gestión a los Centros Públicos), 92 (de los Órganos de los Centros Públicos), 93 (sobre el Órgano de Gobierno del Centro Público), 97 (sobre la creación de cada Centro Público) y 98 (sobre las Asambleas del Personal de los Centros Públicos). Es importante mencionar que seis de ellos se conservaron idénticos, en otro sólo se modificó algún tiempo verbal, en uno más se cambió el orden de presentación de una frase, pero en ninguno se efectuó algún cambio de fondo.
Además, la discusión de la iniciativa en el pleno violentó el acuerdo con la ciudadanía, pues no se completaron los siete foros del Parlamento Abierto; es probable que la realización de los dos primeros haya sido sólo una estrategia para justificar y legitimar el proyecto de dictamen que estaba elaborado y pactado desde mucho antes.
Parece ya un poco ocioso intentar recordarles, a estas alturas, a las diputadas y los diputados, que tienen el deber de pensar en lo que más conviene al pueblo de México, así como al presente y al futuro del país. Que ellas y ellos son responsables, y lo serán ante las siguientes generaciones, de las decisiones que tomen con respecto a esta iniciativa de ley. Este mensaje en este momento realmente ya va dirigido, más bien, a las y los senadores de la República, estaremos muy pendiente de su actuar con respecto a esta ley.
Ilustración: Víctor Solís
Fausta Gantús
Investigadora en el Instituto Mora
Este texto está basado en la presentación en el segundo foro de parlamento abierto organizado por las Comisiones unidas de CTI y Educación de la Cámara de diputados que se llevó a cabo el 11 de abril del 2023.
Fuente:
Categorías
