La educación colombiana, pese a sus precarios resultados y a su panorama de crisis generalizada, ha sido la gran ausente del paquete de reformas en las que el gobierno nacional ha apalancado el discurso y la ruta de acción para un cambio estructural que responda a las demandas de la sociedad y a los retos que plantean nuestros volátiles, inciertos, complejos y ambiguos tiempos.
Aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y conocidos los lineamientos gruesos de la política educativa, el plan indicativo y la gestión legislativa para lograr transformar el sistema de salud, el panorama laboral y el régimen de pensiones, se concluye que para el sector educativo no se presenta una estrategia equivalente pese a que diferentes actores del sector educativo y la sociedad la vienen demandando.
Colombia lleva tres planes decenales de educación y dos misiones de sabios. Los primeros invariablemente han venido planteando el desafío de articular el sistema educativo y replantear el modelo educativo para que sea pertinente a las condiciones actuales de nuestro país y de nuestro planeta.
Los más connotados pedagogos hablan de la urgente necesidad de cambiar el currículo y las academias de ciencias hablan de una “reforma integral del sistema educativo colombiano que responda a las necesidades de formación de los estudiantes del siglo XXI” (Forero, 2023).
El Foro de Ciencia y Educación por el Desarrollo y la Paz presentó una declaración con similares demandas en un evento sobre la transformación de la educación la ciencia y la innovación realizado en el Congreso de la República el 24 de abril con diversos actores de la academia, de la política y del gobierno.
Y, más recientemente, representantes del Movimiento Pedagógico, del Movimiento Social por la Educación, de las Expediciones Pedagógicas y de otros sectores de la Educación se reunieron en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional el 4 de mayo con el viceministro de educación inicial básica y media, dos integrantes de su equipo asesor y dos del despacho de la ministra y plantearon la constitución de una Mesa por la Reforma Educativa Integral.
Entre las apuestas del gobierno se encuentra crear 500.000 nuevos cupos para educación superior, constituir nuevas instituciones y avanzar en la gratuidad de este nivel educativo y consagrarla como un derecho humano.
Estas propuestas, referidas a un solo nivel del sistema educativo, se podrían incluir en lo que expertos llaman reformas de disponibilidad y acceso dirigidas a la cobertura, que descartan o posponen decisiones de fondo como la mejora de la calidad.
La comunidad académica y otros sectores de la sociedad claman por una reforma de tipo estructural, con énfasis en la gobernanza, que implica una amplia participación para lograr un consenso en los cambios de la arquitectura institucional, los mecanismos de articulación del sistema, el modelo educativo, el currículo, la política de formación docente y la financiación para echarlo a andar.
En virtud de ello, la Mesa por la Reforma Integral de la Educativa propone al gobierno nacional recuperar la institucionalidad de instrumentos de política pública que favorecen la construcción participativa de políticas de largo plazo como son los planes decenales de educación, los foros educativos locales, regionales y nacional y las juntas educativas (nacional, departamentales, distritales y municipales) cuya función ha sido minimizada, tergiversada o invisibilizada en las recientes décadas.
