El caso de “Camila” abre la puerta a la despenalización del aborto en niñas en Perú

🔊 Escuchar la noticia

“Camila”, una niña indígena de Perú, tenía 9 años cuando su padre empezó a violarla hasta que quedó embarazada a los 13, cuando se le negó también el acceso a un aborto seguro. Ahora, su caso abre la puerta a la despenalización del aborto en embarazos infantiles tras una decisión del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que determinó que Perú ha violado sus derechos a la salud y a la vida.

“El dictamen que obtuvo Camila en su caso es absolutamente histórico y es particularmente importante porque la legislación peruana establece que el aborto terapéutico es legal desde 1924 cuando la salud y la vida de la mujer está en riesgo, pero no se había hablado concretamente de niñas gestantes ni se había abordado la problemática de la violación”, explica a Efeminista Marianny Sánchez, directora de Comunicaciones para América Latina de Planned Parenthood Global, una de las organizaciones fundadoras del movimiento Son niñas, no madres, representante legal de “Camila” junto a Promsex.

El Comité pide a Perú que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil, que garantice el acceso de las niñas embarazadas a servicios de aborto seguro y atención postaborto, especialmente en casos de riesgo para la vida y la salud de la madre, violación o incesto, y que modifique la normativa que regula el acceso al aborto terapéutico para prever su aplicación específica a las niñas.

“Esta es una victoria súper importante que abre un camino para reformular la normativa peruana”, agrega Sánchez.

El caso de Camila de Perú

Camila nació en una zona rural de la sierra peruana. Cuando se quedó embarazada en 2017, un familiar la llevó a un hospital, donde rompió en llanto y anunció al personal de salud que no quería tener un hijo de su padre ni estar embarazada. “Esa petición la repitió en muchas visitas médicas posteriores mientras su estado de salud mental se fue agravando. Sin embargo, no le informaron de su derecho a solicitar el aborto terapéutico”, dice el Comité de la ONU.

El personal médico insistió en organizar controles prenatales regulares ignorando el estado de Camila. “Cuando Camila no acudía a los controles prenatales, el personal médico se personó varias veces a su casa, en ocasiones acompañado de agentes de policía, para presionarla a que continuara con el embarazo, lo que provocó su estigmatización y acoso en su familia y comunidad y la obligó a abandonar la escuela y, más tarde, su pueblo”, afirma el Comité.

Tras tener un aborto espontáneo, a Camila la acusaron y la condenaron por autoaborto “sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo”.

“Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto”, dijo Ann Skelton, presidenta del Comité, al dar a conocer la decisión, el pasado 13 de junio.

“Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acosada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente”, agregó.

Ahora Perú debe incluir en el protocolo de aborto terapéutico, que ya existe desde 2014, a las niñas como personas que también pueden solicitar la interrupción de un embarazo producto de violación.

Una victoria con influencia en la región

Marianny Sánchez afirma que la bandera del movimiento “Son niñas, no madres” es justamente garantizar que todas las niñas puedan vivir libres de violencia, “entre esas la violencia sexual, pero específicamente la violencia que representa forzar a las niñas a mantener un embarazo producto de la violencia sexual”.

Además, cree que esta decisión será un insumo esencial para otros casos que están analizándose en otro comité de la ONU. “Hace eco en la región y además allana el camino para que las otras cuatro sobrevivientes que también representamos jurídicamente y que arropa el movimiento ‘Son niñas de madres’ también puedan obtener justicia. Estoy hablando de Fátima, de Susana, de Lucía y de Norma de Ecuador, Guatemala y Nicaragua, cuyos casos están siendo tratados por el Comité de Derechos Humanos”, menciona.

Sánchez explica que la decisión del Comité de Derechos Humanos del Niño es importante porque “establece algo que venimos pidiendo para las otras sobrevivientes y es la interpretación integral del derecho a la vida y a la salud“. El Comité, dice, le ha dado a Perú 180 días para comunicarle cómo va avanzando con las obligaciones que se derivan de este dictamen.

“Una de las cosas que reconoció el Comité es que el Estado peruano expuso innecesariamente a Camila a un riesgo mortal, porque ese embarazo no solamente era incompatible físicamente, o sea con su cuerpo de niña de 13 años, sino que también la ponía un riesgo grave, es una interpretación integral de la salud debido al cuadro depresivo que Camila manifestó tener cuando se enteró que estaba embarazada y el riesgo que eso implicaba para su estabilidad mental y también para su salud social”, dice.

El dictamen, asegura la representante de Planned Parenthood Global, también establece la necesidad de que el Estado peruano traduzca al quechua el contenido de esta decisión y “que garantice el acceso a información y educación sexual integral para todos los niños, niñas y adolescentes en el Perú para que estas historias se repitan cada vez menos”.

“El caso de Camila es ilustrativo, una realidad que sabemos que es una epidemia silenciosa en América Latina y es súper importante el dictamen en términos jurídicos, pero también es súper importante el dictamen en términos sociales, para que empecemos a romper este tabú y miedo a hablar de esta realidad dolorosa, naturalizada y persistente”, agrega.

“El sur es el nuevo norte”

Sánchez asegura que decisiones como estas son fruto de la organización del movimiento feminista y de organizaciones de la sociedad civil “que tienen fortalezas jurídicas para poder llevar estos casos y poder representar las historias de sobrevivientes de violencia sexual, de mujeres a las cuales se les ha negado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, otras mujeres que han sido criminalizadas y puestas tras las rejas, para poder realmente incidir en la normativa con la cual se legisla y se accede a la interrupción del embarazo en la región”.

Y aunque admite que América Latina “no es homogénea”, pues varios países como El Salvador, Nicaragua, República Dominicana u Honduras “aún siguen representando retos, se han producido avances “incluso en los contextos más restrictivos”.

“Esta ola que ha liberado la marea verde inspira al resto del mundo. Podemos decir que el sur es el nuevo norte”.

“Sin duda en el caso de una organización como la nuestra, que tiene base en Estados Unidos, lo que se ha venido logrando en América Latina con el liderazgo del movimiento por la salud y los derechos reproductivos nos sirve como ejemplo de buenas prácticas en comparación con lo que se está viviendo en Estados Unidos, con la derogación de Roe vs. Wade, con las limitaciones de acceso al aborto en varios estados y también con las discusiones que se dan acerca del acceso a la mifepristona, que son cosas que aquí de alguna manera ya hemos resuelto en los pocos países en los cuales se puede acceder a ella”, afirma.

Lo importante, asegura, es que esta lucha no solo se ha quedado en las organizaciones y activistas a favor de estos derechos, sino que se ha extendido a profesionales de la medicina y del derecho. “Para que se entienda esto no como un problema de mujeres o de activistas, sino como un problema de salud pública, un problema de Derechos Humanos”, concluye.

Fuente: https://efeminista.com/caso-camila-despenalizacion-aborto-ninas-peru/