Por Philip G. Altbach y Hans de Wit

Tal vez desde tiempos del fascismo en Europa durante la década de los treinta y la era soviética en Rusia y sus países satélites no hemos visto tantas presiones políticas sobre las instituciones de educación superior (IES) tan contundentes como las estamos viviendo en estos tiempos. En el mundo actual tan politizado, los gobiernos intervienen en las universidades y las instituciones de educación superior; buscan impulsar sus propios propósitos políticos y minar a dichas instituciones académicas como herramientas útiles, sin considerar que éstas se rigen por normas académicas o —inclusive— bajo el supuesto de que la academia crítica e independiente puede representar una amenaza para sus tendencias autoritarias. Los intentos de intervención política que observamos se diferencian de las razones típicas que los gobiernos han tenido para involucrarse en la educación superior, por ejemplo: los problemas fiscales (la falta de recursos públicos para invertir en ese nivel educativo); las políticas para expandir su acceso, o el cumplimiento de propósitos académicos. Desde luego, las políticas y los políticos siempre han influido, o tratado de hacerlo, en las relaciones de los Estados con las instituciones de educación superior buscando que éstas reflejen sus tendencias y prioridades; pero en general se había respetado la autonomía y la libertad académica. Aun en etapas pasadas de crisis fiscales, o cuando los partidos políticos han propuesto reformas contrarias a las comunidades académicas, los valores fundamentales de las universidades habían sido respetados, con contadas excepciones. No obstante, los intentos por intervenir políticamente en la educación superior amenazan estos valores, más allá regímenes como el de Corea del Norte o Myanmar, sino también en naciones como Estados Unidos o países de Europa, o inclusive en países de importancia económica como China, México, Rusia o India.

La intervención política de los gobiernos contra las universidades tiene lugar en regímenes de derecha, populistas, los llamados comunistas, autoritarios o semiautoritarios. Los fines de esta intrusión varían. En algunos casos, los Estados ven a las universidades como instrumentos para conseguir apoyo populista. Otros quieren controlar a través de las universidades los sentimientos antirégimen, controlar a las académicas y los académicos, estudiantes y administrativos o —simplemente— decidir lo que se puede enseñar e investigar en la IES. Típicamente, estos regímenes ven, con toda razón, a la comunidad académica como una fuente independiente o de pensamiento opositor y de acción.

Algunos ejemplos

En el estado de Florida, Estados Unidos, el gobernador DeSantis, quien busca la nominación del partido republicano para la presidencia del país, ha usado a la educación superior como un arma de disputa política con el apoyo de los legisladores de su partido. Ha interferido con los planes de estudios de las universidades públicas prohibiendo, por ejemplo, que se incluyan temas como la llamada “teoría crítica de la raza” —Critical Race Theory—. Incluso ha llegado a reemplazar el Consejo de Regentes de New College, una institución con una excelente reputación como universidad liberal, con personas identificadas con corrientes conservadores; además, despidieron al presidente de la universidad, quien había estado reformando sus programas de estudio. Más recientemente, irritado con las decisiones del acreditador regional, DeSantis ordenó que todas las instituciones de educación superior públicas busquen una nueva agencia de acreditación, una tarea que francamente parece imposible. Además, ha denunciado a dicha agencia y también al gobierno federal por permitir que estas instancias interfieran en la evaluación de las instituciones de educación superior. DeSantis alega que la agencia de acreditación promueve una agenda ideológica con la que él no está de acuerdo. El gobierno de Biden, por su parte, dice que si fuera por el partido republicano y sus simpatizantes, “en lugar de libros habría armas en las bibliotecas y los planes de estudio se llenarían de teorías de la conspiración y no hechos”. Añadió que él seguirá buscando garantizar que los y las estudiantes en ese país reciban una educación de alta calidad.

La situación en Rusia, sin ninguna sorpresa, es significativamente más seria. Recordemos que durante el periodo soviético, las universidades fueron instrumentos del Estado con muy poca autonomía. La investigación científica, fuertemente controlada, floreció en algunas áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (las llamadas “disciplinas STEM”), pero en general la educación superior fue aislada y separada del resto del mundo. Después del final de la Unión Soviética, las universidades recibieron más autonomía, aunque mantuvieron sus lazos estrechos con el Estado y sus intereses. Así, la libertad académica se amplió hasta que la guerra contra Ucrania exacerbó el control del régimen. De hecho, al inicio de la guerra, se presionó a los rectores rusos para que firmaran una carta de apoyo al gobierno: casi todos lo hicieron. No hubo espacio para el disenso. Adicionalmente se han incorporado a los planes de estudio cursos enfocados al nacionalismo, y los servicios de seguridad nacional están monitoreando de cerca la vida académica de las instituciones de educación superior en Rusia. Muchos profesores han tenido que irse del país y otros tantos han sido despedidos. La educación superior en ese país parece haber vuelto a la era de aislamiento que prevaleció en la antigua Unión Soviética.

Hungría es otro ejemplo. El régimen semiautoritario de Viktor Orbán ha cambiado el estatus legal del país, la configuración del gobierno y el liderazgo en las universidades buscando la lealtad al régimen. La muy innovadora y autónoma Universidad Centroeuropea fue expulsada del país y reubicada en Viena, Austria.

En el caso de China, el actual gobierno ha impuesto activamente la ideología gubernamental y lo que se enseña, tanto en el país como en Hong Kong. En India, las universidades están sintiendo la presión política del gobierno en turno que limita la libertad académica de los profesores que escriben críticas al régimen encabezado por Narendra Mudi.

En México, el presidente populista Andrés Manuel López Obrador ha destruido uno de los principales centros de investigación en ciencias sociales, ha conducido de manera centralista al principal organismo encargado de la política científica, quiere tener injerencia en las universidades públicas autónomas y ha calificado el trabajo de las académcias y los académicos como elitista.

En Nicaragua, el gobierno ha confiscado los bienes de la universidad jesuita de la Universidad Centroamericana de Nicaragua y cerró su campus. Posteriormente reabrió bajo otro nombre y con el control de un grupo afín al régimen de Daniel Ortega. Además, ha establecido otras medidas restrictivas a otras instituciones de educación superior del país.

¿Cómo ha reaccionado la comunidad académica?

Oponerse al autoritarismo nunca ha sido sencillo y, dependiendo del país, puede haber consecuencias severas para las personas y las instituciones. Sin embargo, es justo decir que, en su mayor parte, la reacción académica a estas intervenciones ha sido silenciada. En Florida, ninguno de los rectores en el estado —de las 40 IES— ha levantado la voz contra lo que quiere hacer DeSantis; la excepción fue el rector de New College, quien fue despedido rápidamente. Algunos grupos de académicas y académicos han intentado levantar la voz, pero no se han visto manifestaciones relevantes (que aún están permitidas).

En gran medida, la comunidad académica en Hungría ha aceptado silenciosamente su destino y realmente no ha expresado públicamente su solidaridad con la Universidad Centroeuropea. En la Universidad de Ashoka, en India, como respuesta a la presión de Modi para castigar a un profesor por publicar un artículo crítico del gobierno, un líder estudiantil dijo recientemente: “Mientras la crítica y el debate es una parte esencial de la academia, reprender a la investigación no lo es. Una vez más, la universidad ha fallado en defender a su personal académico”.

Implicaciones y el futuro

La historia nos enseñó que la educación superior puede ser transformada en un lapso corto de tiempo, con repercusiones en todo el ambiente académico. Los nazis cambiaron fundamentalmente a las universidades alemanas, las cuales nunca recuperaron el lugar destacado mundial que un día tuvieron. La impronta soviética permaneció por mucho tiempo en las universidades rusas después de 1992 y ahora parece revivir. Menos dramáticas pero igualmente serias fueron, por ejemplo, las restricciones del gobierno de Pinochet en las universidades chilenas durante los diecisiete años que duró esa dictadura militar. Otros casos podrían ser mencionados, en África, Asia, América Latina y el resto del mundo. En otras palabras, la intervención política no es nueva, pero se está moviendo muy rápidamente, desde las periferias de lo que se hace en la educación superior hasta el centro mismo de los valores que la definen; el ataque es directo y busca destruir mucho de lo que ha definido a las instituciones de educación superior.

Ciertamente, la intervención política debería ser desafiada y resistida, al menos vocalmente, por la comunidad académica. Como se ha visto hasta ahora, con pocas excepciones, la oposición ha sido débil o inexistente. La oposición pública, desde luego, involucra riesgos. Para los líderes académicos, todo esto quizás resulte en ser castigados, despedidos, y para los estudiantes quizás resulte en terminar presos. Estas sanciones son aún excepcionales, pero son parte de la realidad en numerosos países. Si las instituciones de educación superior y los sistemas académicos quieren preservar la libertad académica y su autonomía, es tiempo de reconocer los enormes problemas presentados por la intervención política. Oponerse a ella es una obligación.

Ilustración: Estelí Meza

Philip G. Altbach
Profesor-investigador y asociado distinguido del Centro para el estudio de la educación superior —Center for International Higher Education— del Boston College, EE. UU.

Hans de Wit
Profesor emérito y asociado distinguido del Centro para el estudio de la educación superior —Center for International Higher Education— del Boston College, EE. UU.

Fuente:

La intervención política en la educación superior: un panorama global